La junta de gobierno del Concello de Lugo tomó la decisión de abrir un expediente disciplinario a un funcionario, después de examinar la conclusión de un "informe reservado" para investigar por qué un teléfono municipal aparece "asociado a una determinada empresa" y "supuestamente" a ese "trabajador" del propio consistorio a título particular.
Después de la junta de gobierno, en rueda de prensa, el portavoz del gobierno local, Luis Álvarez, explicó que se tomó esa decisión por consejo de la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento, dado que otra de las opciones que se contemplaba era denunciar este asunto directamente por vía judicial.
Álvarez aclaró que será finalmente el instructor de ese expediente disciplinario el que "realice, si lo estima oportuno," la propuesta de llevar este asunto "a la vía judicial" si en el propio proceso de instrucción aprecia la existencia de indicios de "delito" en el comportamiento de este funcionario.
En ese sentido, quiso aclarar que la decisión final sobre este asunto está en manos del propio instructor, que es otro funcionario municipal, pero no del gobierno local.
