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España recurrirá la devolución de las ayudas recibidas por el naval

El Gobierno central, junto a los de Asturias, Galicia y País Vasco, la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC OO, presentarán un recurso contra la decisión de Bruselas de obligar a devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha explicado en declaraciones a los medios y tras reunirse con todos los agentes implicados que todavía no se ha decidido si se pedirán medidas cautelares mientras se resuelve el recurso, como apuntó la semana pasada.

Soria ha insistido en que el plazo para presentar el recurso se extiende hasta el próximo 28 de septiembre, de manera que hay tiempo para prepararlo, y ha abogado por "poner en valor" el actual sistema de ayudas fiscales.

La reunión se ha prolongado durante una hora y media y ha contado con la participación de los ministerios de Economía y de Hacienda, pero no con representantes del Gobierno vasco por problemas de agenda.

Soria ha insistido en que la intención del Gobierno es presentar un recurso "muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando", algo que se ha decidido de forma "unánime".

Con respecto a la opción de solicitar medidas cautelares, ha subrayado que "tiene que ser analizada más en profundidad por parte de los servicios jurídicos" porque no hay precedentes, pero que "esa posibilidad está ahí, no la descartamos".

Ha insistido en "la necesidad de poner en valor el extraordinario nuevo sistema de tax lease (beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval) que tenemos en España", que cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.

Soria ha reconocido que "en estos meses ha pesado sobre el sector la incertidumbre" sobre la devolución de las ayudas y que, por ello, el nuevo sistema todavía no se ha utilizado, pero ha destacado que "la industria naval española tiene la vocación de mantener y aumentar la actividad".

El ministro no ha desvelado el importe de las ayudas que se tendrían que devolver de acuerdo a la decisión europea, pero ha apuntado que el responsable del cálculo, el Ministerio de Hacienda, está en contacto con los inversores.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que mantiene "la esperanza de que se recupere el sector naval", al tiempo que ha valorado la unidad de todos los agentes para afrontar el futuro del sector: "Hay que mantener vivo ese frente común".

Ha remarcado que la vía judicial debe seguirse por razones de responsabilidad y de coherencia, y ha considerado que es un camino adecuado para proteger los intereses de las más de 80.000 familias que viven del naval en España.

Igualmente, ha recordado la incertidumbre generada por el expediente abierto en Bruselas, que durante más de dos años tuvo "consecuencias fatales para el sector", y ha defendido que no se pierda "ni un minuto" en reactivar el naval con la seguridad jurídica "y agilidad que se merece".

De la misma manera, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha defendido que "el sector tiene un futuro por delante" porque "hay argumentos de tipo jurídico suficientes para que prospere" el recurso y porque el nuevo sistema de tax lease cuenta con "todas las garantías".

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha valorado que las próximas acciones de defensa del sector naval también se tomarán "de forma conjunta" y ha defendido que la decisión "solo puede mejorar" con el recurso y que el sector tiene "muchas posibilidades de salir ganando".

Los responsables de los sindicatos CC OO y UGT han confiado en el futuro del sector gracias al nuevo sistema de tax lease y han instado al Ministerio de Hacienda a que determine lo antes posible el importe de las ayudas que los inversores tienen que devolver para dar estabilidad y confianza.

El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.

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