El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG) ha reclamado hoy que los centros que segregan por sexo a los alumnos y que han recibido dinero público lo devuelvan, dado que considera que se han financiado de forma ''ilegal''.
Mercedes Alonso, integrante del secretariado nacional del STEG, dijo en rueda de prensa que los cinco centros escolares que segregan por sexo, tres en Vigo y dos en A Coruña, deben devolver los fondos recibidos de la Xunta desde 2009 y que ese dinero se reinvierta en centros públicos, "ya que se trata de una financiación ilegal durante estos años", indicó.
Alonso, junto a sus compañeros del sindicato José Cabido y Emilio Insua, comparecieron esta tarde ante los medios de comunicación en referencia al recurso presentado por el citado sindicato ante el TSXG contra los convenios firmados por la Consellería de Educación con dichos centros escolares.
El TSXG tras estimar el recurso de este sindicato declaró inválidos los convenios con estos centros firmados por la Xunta en 2009.
La sindicalista afirmó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, bajo la excusa de la libertad de elección, "trató de mantener estos conciertos".
El STEG, "al igual que el TSXG", dijo, no se posiciona contra la existencia de estos centros que separan a sus alumnos en función del sexo, pero matizó que el sindicato sí se opone a que se les asignen recursos públicos.
Mercedes Alonso dijo además que este tipo de conciertos "incumplen claramente" el artículo 84 de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), y que, por lo tanto, deben quedar "invalidados". "La sentencia es rotunda, el concierto queda invalidado y esto significa en la praxis que estos centros no pueden gozar de estos conciertos como hasta ahora", aseveró.
En este sentido, precisó que aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo "la sentencia tiene que ejecutarse porque el recurso no tiene efectos suspensivos". "Desde el STEG exigimos y estaremos vigilantes para que se cumpla la sentencia y que estos centros no reciban este dinero", señaló.
En el transcurso de la rueda de prensa los representantes del STEG también ofrecieron su punto de vista acerca de la sentencia del alto tribunal gallego sobre el decreto del plurilingüismo.
Emilio Insua, miembro también del secretariado nacional del STEG, solicitó la derogación del decreto del plurilingüismo y la elaboración de uno nuevo en consenso con la comunidad educativa. "El camino es muy rápido y muy claro para volver a ese consenso con el que tanto se llenan la boca, que es derogar el decreto, rehacerlo, admitir o acatar lo que dice la sentencia, y, en ese sentido, elaborar un nuevo decreto en consenso con la comunidad educativa que sirva para superar el conflicto", afirmó. El representante sindical aseguró que "en este momento el conflicto está superado mediante una sentencia".
POLÉMICA POR LAS NUEVAS TARIFAS DE COMEDOR
Por su parte, José Cabido criticó el sistema para establecer las tarifas de los comedores escolares y calificó de "mentira" que se presente como de carácter "progresivo" y "en el que va a pagar más el que más tiene". En esta línea, dijo que "la progresividad tiene que hacerse en función de la renta" y añadió que el nuevo método de establecer los precios "equipara a familias que cobran 60.000 euros con mileuristas". "Una familia monoparental que cobre 1.286 al mes estaría pagando ahora el comedor", explicó.
Según Cabido, el servicio de comedor escolar está asociado a un derecho, "que es -indicó- el derecho a una educación pública y gratuita; lo que se hace ahora es que aquello que era gratuito es convertirlo en algo que ahora tenemos que pagar, especialmente quien más lo necesita".
Los representantes del STEG pusieron como ejemplo la eliminación del sistema de gratuidad de los libros de texto por el actual Gobierno gallego, del cual, según afirmó Emilio Insua, se benefician menos alumnos y a la Xunta le resulta más gravoso.
