El portavoz del grupo parlamentario socialista, Abel Losada, reivindicó este lunes en rueda de prensa la aplicación en Galicia del impuesto de patrimonio que, según dijo, permitiría recaudar en la comunidad 80 millones de euros (40 al año), que permitirían "blindar" los servicios públicos esenciales. Así, dijo que este dinero podría beneficiar a 60.000 hogares sin ingresos, a 600.000 personas en riesgo de pobreza, o que permitiría contratar a mil profesores o pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de 12.000 jóvenes.
En una rueda de prensa, acusó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de "decir que hay que recortar porque no hai fondos, pero porque ideológicamente se quiere recortar ". Así, dijo que desde la Xunta no buscan "más ingresos" para las arcas autonómicas, y acusó a Feijóo de estar más preocupado de atender "a los rentistas amigos de Rajoy" que a quién lo necesita.
El socialista también acusó al presidente gallego de mentir. "Ya está bien de engañar a los ciudadanos y mentir", expuso, para criticar que diga en sus declaraciones que los socialistas votaron en contra de un techo de gasto. "Nosotros votamos en contra del techo de gasto del PP", recriminó, para incidir en que a juicio de los socialistas la cifra aportada responde a "una estructura fiscal que no compartimos".
"Pensamos que la Xunta puede recaudar más y aumentar el techo de gasto", explicó, para criticar que el grupo socialista formuló para los presupuestos de 2011 medidas que permitirían "aumentar los ingresos" en Galicia en hasta 120 millones de euros, pero "el PP votó en contra". Así, recuerda a los populares que el impuesto de patrimonio ofrece "ahora la oportunidad de reacudar 40 millones de euros a mayores".
Losada critica que la Xunta alegue que este tributo afectaría a 9.000 contribuyentes "de clase media". "¿Si esa es la clase media, cuales son las altas?", se preguntó, para señalar que la población afectada por el impuesto sería un 0,3% de la total.
El diputado socialista también negó la tesis del representante de la patronal gallega, Antonio Fontenla, de que este impuesto sería inconstitucional. Preguntado por este asunto, ironizó con que este es "un claro representante da clase media" y dijo que a él habría que preguntarle "como van los 18 millóns que recibió del Igape para plataformas de internacionalización".
Losada dijo además que las empresas "defienden su bolsillo" mientras Feijóo defiende "ideología", la de "abrir la puerta a los servicios privados", algo que "enlaza con los intereses de los empresarios".
UN IMPUESTO "OBSOLETO"
En opinión del portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, este impuesto fue suprimido por el Estado por "obsoleto" y señaló que su recuperación es por "iniciativa de un candidato" a presidir el Gobierno central. En esta línea, argumentó que "non hay nada claro" y que el BOE publicó un decreto que rehabilita el impuesto pero que "en la exposición de motivos dice cosas que no se traducen en lo articulado".
Puy entiende que la aprobación del mismo ha sido "precipitada", critica que "no se tuvo en cuenta a las comunidades autónomas" y abogó por esperar al próximo gobierno estatal para ver qué ocurre.
En relación con los ingresos que podría aportar a Galicia, explicó que el volumen de ingresos sería superior en la comunidades con "residentes con elevados patrimonios", como Madrid o Cataluña, frente a territorios como Galicia.
