La diputada del PSdeG-PSOE, Beatriz Sestayo, ha acusado a la Consellería de Traballo de llevar a cabo un ''inmenso fraude'' en materia de políticas de dependencia y bienestar, alegando que la gestión de los fondos recae en los concellos y en el Estado. Además, la socialista acusó a la Xunta de ''falsear datos'', ya que ''no existe ningún control de los fondos que recibe para destinar a dependientes''.
Desde las filas del PPdeG han tachado de ''intento de engaño a la ciudadanía'' las afirmaciones de Sestayo. La portavoz popular de Benestar, Marta Rodríguez Arias, considera que la postura de los socialistas demuestra ''su frustración por ver que la Xunta de Feijóo está haciendo lo que ellos no fueron capaces''.
Sestayo culpó al departamento autonómico de acudir a la burocracia para denegar derechos a los grandes dependientes de la comunidad. Según la socialista, Galicia es ''una de las pocas'' autonomías que acuden a la caducidad del expediente para este colectivo ''porque les falta algún trámite o papel''. En este sentido, la portavoz de Políticas Sociais acusó al PP de ''recortar e impedir'' su derecho a exigir sus derechos ante los tribunales a trvaés de la apelación a la caducidad.
Estas afirmaciones han sido rebatidas por Rodríguez Arias, asegurando que la caducidad es un procedimiento administrativo, regulado por una lei estatal, ''que nada tiene que ver con la denegación de la solicitud''. Aclara que ''la caducidad prevé la finalización de un procedimiento cuando el interesado no aporta la documentación solicitada y que es esencial para poder resolver y la denegación de la solicitud debe venir motivada por el incumplimiento de los requisitos''. Así, acusa a Sestayo de ''no saber distinguir los procedimientos''.
Coacción en los concellos
Por otra parte, en un rueda de prensa celebrada en Santiago, Beatriz Sestayo denunció las presuntas ''coacciones'' que sufren los profesionales de los concellos por parte de las delegaciones de la Xunta. ''Están llamando a los trabajadores sociales de las oficinas de dependencia para que no concedan prestaciones económicas a dependientes, y que se sustituyan por ayudas a domicilio'', manifestó a este respecto. Añadió además que, en el caso de los grandes dependientes, ''pretenden cambiar la ayuda por tres horas como máximo de ayuda a domicilio'', sostenida con fondos de los concellos.
Marta Rodríguez contesta a estas acusaciones recodando que la Xunta ha aprobado una orden por la que los concellos que lo demanden ''podrán recibir de manera anticipada los pagos destinados a financiar la red municipal'' de los servizos sociales comunitarios. Afirma que con esta medida ''los concellos no tendrán que esperar al último trimestre de cada ejercicio para recibir el pago de los servicios prestados''.
Por ello sostiene Rodríguez Arias que ''la asistencia a domicilio a la dependencia está financiada casi al cien por cien por la Administración autonómica'' y que la crítica socialista de que la aplicación de la Lei está recaendo en los concellos ''también se cae por su propio peso''.
Por otra parte, la socialista advirtió el ''incumplimiento'' de otras prestaciones, como los centros de día o las residencias, por la carencia de infraestructuras. Así las cosas, anunció que su formación tomará medidas para ''impedir el fraude y la coacción'' de la Xunta a los grandes dependientes. Los representantes orgánicos e institucionales del PSdeG se reunirán el lunes para evaluar la ''gravedad'' de la situación en esta materia, así como las medidas que el partido pretende adoptar.
