La impunidad con la que la sentencia del "Prestige" ha cerrado 10 años de instrucción y nueve meses de juicio oral buscará nuevamente justicia en 2014 a través de los recursos que Gobiernos, Fiscalía y ecologistas han anunciado a un fallo que también ha contado con la indignación y protesta social.
La Audiencia Provincial de A Coruña hizo público el pasado 13 de noviembre el fallo por el que absolvió a los tres acusados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y sólo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.
Además, eximió de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la tragedia sino que intentó solucionarla y evitar daños materiales y humanos.
La marea negra causada por el hundimiento del petrolero -63.000 toneladas de fuel vertidas- afectó a 2.980 kilómetros de costa, a 1.137 playas, 450.000 metros cuadrados de roca se impregnaron de chapapote, 526 toneladas de fuel se depositaron en los fondos de la plataforma continental, y hubo una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, entre otras afecciones.
La Fiscalía cifró en más de 4.300 millones las pérdidas provocadas por el accidente.
Las reacciones a la sentencia no tardaron en llegar de la mano de políticos, expertos juristas y los ciudadanos, que coincidieron en sus respectivos foros en reprochar al fallo la ausencia de responsabilidades por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España.
En la cuenta atrás para recurrir esta sentencia, que finalmente mantendrá el plazo abierto hasta final de año, tanto el Gobierno central, como la Xunta, la Fiscalía y las plataformas ecologistas 'Arco Iris' primero y 'Nunca Máis' después, anunciaron que acudirían al Tribunal Supremo por considerar que existió un delito ecológico y por ello responsabilidades civiles, pero también penales.
El recurso del Gobierno central se fundamenta en que la condena debe incluir la responsabilidad civil e indemnizaciones, por lo que iniciará además todos los "procesos paralelos" necesarios en este sentido.
El Gobierno francés va un poco más allá al plantear un recurso ante la Justicia española en el que aspira a que se reconozca la existencia de una "infracción penal de atentado contra el medio ambiente en razón de los actos cometidos por el capitán" y en el que pretende contestar las conclusiones del tribunal de A Coruña en términos de responsabilidades civiles.
Más de 250 municipios costeros franceses se vieron afectados por la marea negra provocada por el vertido del viejo petrolero, lo que provocó daños valorados en 109,7 millones de euros.
La Fiscalía de A Coruña también recurrirá la sentencia porque "no satisface las peticiones y las tesis mantenidas" durante el juicio celebrado en esta ciudad, "no extiende sus consecuencias a los efectos de la catástrofe ecológica" y "entiende pertinente sostener que el reproche penal alcance al delito ecológico".
La Xunta presentará también un recurso de casación ante el Supremo porque, según su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "no podíamos estar satisfechos por la falta de responsabilidad económica de la sentencia".
Lo mismo harán 'Arco Iris' y 'Nunca Máis', que se han mostrado dispuestas a llegar a Estrasburgo para pedir que se haga justicia.
Este camino judicial no es el único que se podría seguir, pues también se ha apuntado la posibilidad de la vía civil, a la que accederían los afectados que no cobraran los anticipos del Estado en concepto de indemnización por los daños del "Prestige" al solicitar las indemnizaciones a cargo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños (FIDAC).
El FIDAC, el debido a la Contaminación por Hidrocarburos, ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del "Prestige" hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.
Incluso se podrían pedir responsabilidades administrativas al entender que, tras la intervención de la Administración del Estado en el accidente mediante el Sistema Nacional de Respuesta por Contingencias Marinas, se causaron daños por una actuación defectuosa o falta de adecuación de las medidas adoptadas, y alegar un funcionamiento anormal del servicio de seguridad marítima.
"No debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse" es una frase incluida en la sentencia del Prestige, basada en la imposibilidad de probar los hechos y la no intencionalidad o mala fe (dolo) por parte de los tres acusados, y que el próximo año intentará ser rebatida por los recurrentes.
Ya lo han hecho en las calles de Galicia miles de ciudadanos que han pedido "dignidad y justicia" ante una sentencia que han considerado "injusta e impune"
El 'Prestige' buscará de nuevo justicia en 2014
