El PPdeG ha votado este miércoles en contra de una proposición no de ley presentada por el BNG, a la que ha sumado el resto de la oposición, con la que pretendían reclamar sanciones para Audasa, la empresa concesionaria de la autopista AP-9, por las retenciones del pasado mes de abril, además de exigir soluciones a los atascos de cara a la temporada estival.
En la petición rechazada por el grupo mayoritario, el BNG reclamaba la apertura de un expediente sancionador a la empresa concesionaria de la AP-9 por el mal funcionamiento del servicio y los continuos atascos y retenciones. Además, pedía la aprobación de un protocolo de actuación para levantar las barreras de las peajes cuando se produzcan retenciones de más de un kilómetro y estudiar la bajada de los peajes en los tramos en obras. Asimismo, reclamaban la recuperación de puestos de trabajo suprimidos del personal de las cabinas de las peajes.
Bará ha lamentado que desde el PPdeG justifiquen las actuaciones en la AP-9 "con una comisión bilateral fantasma que no sabemos a qué se dedica"
El diputado del BNG, Luis Bará, ha exigido que se tomen estas medidas de forma inminente "y con contundencia" porque los gallegos siguen "sufriendo abusos" a pesar de que el Ministerio de Fomento sigue "con la misma cantinela" de amenazas de apertura de expedientes que finalmente no se cumplen, "por lo tanto llueve sobre mojado, y se nos está acabando la paciencia". Además, ha lamentado que desde el PPdeG justifiquen las actuaciones en la AP-9 "con una comisión bilateral fantasma que no sabemos a qué se dedica" ya que los populares gallegos "ni siquiera protestan, justifican y amparan" los "abusos de Audasa".
En este sentido, ha alertado sobre el "incremento" que se producirá en los "peajes" por los acuerdos firmados por Gobiernos del PP y del PSOE "para financiar" las obras del puente de Rande y obras en Santiago. El parlamentario del PSdeG Raúl Fernández ha insistido en que se deben tomar medidas en cuanto a esta infraestructura que es una "arteria imprescindible" de Galicia y "fundamental para su vertebración" por lo que su explotación debe obedecer a los "intereses de los gallegos" y no a los de las grandes empresas. Sin embargo para el socialista, el actual sistema supone una "carga inasumible para familias y empresas" que tienen que recorrer esta autopista.
Pazos asegura que "al PPdeG no le temblará la mano al pedir medidas correctoras o sancionadoras" pero desde una política coherente
Asimismo, el diputado de En Marea Marcos Cal, ha coincidido con las críticas vertidas por el resto de los grupos de la oposición al entender que el PP es responsable de la "estafa" que supone esta autopista que "regalaron a precio de amigo" a la concesionaria actual, "así que alguna responsabilidad tendrán", a pesar de que intenten "echar balones fuera", ha censurado. Cal ha recordado que "si de En Marea dependiese, la AP-9 estaría puesta a los servicios de los intereses de Galicia y de su desarrollo político y social".
El parlamentario del PPdeG Alberto Pazos, ha defendido una enmienda presentada por su grupo y que no ha si aceptada, en la que se señalaba que las medidas en cuanto a esta infraestructura se le deben "exigir a quien tiene responsabilidad de esta gestión" que, por el momento es el Ministerio de Fomento. Así las cosas, ha reiterado que en el PPdeG comparten "la preocupación" por la situación de la infraestructura y por ello también considera necesario que se tomen las "medidas necesarias". "Al PPdeG no le temblará la mano al pedir medidas correctoras o sancionadoras" pero desde una política coherente, fiscalizando el cumplimiento del servicio pero no el beneficio de la empresa puesto que ese no es el cometido del Parlamento gallego. El popular incide pues, en que todas las medidas deben llevarse a cabo "con escrupulosa legalidad, sin pretender criminalizar el beneficio empresarial" con lo la oposición busca "una sociedad divida entre buenos y malos".
