El PP aprueba la Ley del Suelo y toda la oposición se compromete a derogarla

El Parlamento gallego ha aprobado este martes la Ley del Suelo que sustituye a la de 2002 con los votos a favor del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición, que se han comprometido a derogar la norma en el futuro.

Además, la ley ha salido adelante sin la modificación del artículo 144, que no se ha llegado a votar, debido a que Age y el Grupo Mixto han mantenido su negativa a introducir este cambio.

El PP pretendía una modificación, que no se llegó a debatir, a la que el PSdeG anunció que se sumaría, si se llegaba a votar, mientras que el BNG indicó que se abstendría para no entorpecer una solución, si bien abogaba por una alternativa.

De este modo, probablemente en próximas semanas la ley aprobada este martes volverá al pleno para ser modificada en este punto. Esta modificación permitirá acometer proyectos urbanísticos en Vigo, tras la anulación de su plan de ordenación, pero también en otros municipios en caso de que sus planeamientos se vean afectados.

Jaime Castiñeira (PP) ha defendido la enmienda para resolver la problemática puntual de Vigo pero también las eventuales de otros municipios. Ha destacado que la enmienda aumenta la participación de los municipios y que los proyectos para los que está destinada son "de urgencia o de excepcional interés público y hay que justificarlo y si el informe municipal es negativo se desiste del proyecto". 

Castiñeira ha defendido que su grupo y la Xunta ponen los intereses de los gallegos por encima de los partidistas, una cuestión que en su opinión no hacen los grupos de la oposición. Además, ha cuestionado que los grupos de la oposición vayan a modificar o derogar la ley "si es que llegan a gobernar, que ya es mucho imaginar" y ha augurado que les valdría porque "mejora el urbanismo de Galicia" respecto a la ley de 2002.

Todos los grupos han insistido en que la ley aprobada este martes es "peor" que la anterior y se han comprometido a derogarla sustancialmente o a derogarla en caso de que gobiernen. 

El portavoz del PSdeG en el debate, Xosé Sánchez Bugallo, ha afirmado que "es una versión recortada, devaluada y empobrecida de la ley en vigor" y ha augurado que "no dará más estabilidad, ni conseguirá que los municipios de Galicia tengan PXOM ni protegerá el suelo rústico ni nada de nada". "La bajada de exigencias tiene como único objetivo legalizar determinadas actuaciones de los últimos años y una vez cumplido este objetivo doy por hecho que modificarán de nuevo la ley", ha clamado.

La viceportavoz del BNG, Ana Pontón, ha incidido en que la ley aprobada "en solitario" por el PP es "una versión empeorada de la legislación actual", porque es "menos clara, más arbitraria y desprotege el territorio". Pontón ha considerado que incide en los problemas causados por la liberalización del suelo en los años 90 y en la destrucción del territorio, en el encarecimiento de la vivienda para las rentas bajas y será un "desastre" desde el punto vista "económico, ambiental y social".

También el viceportavoz de Age, Antón Sánchez, ha cargado contra lo que considera la consolidación de un modelo "inspirado en la desregulación, obsoleto, ineficiente, insostenible y fracasado" y que no da respuesta a las más de 300.000 viviendas vacías, al aumento de precio, al deterioro de patrimonio construido, al endeudamiento masivo, a la reducción superficie agraria útil o a la "desprotección" forestal. Sánchez ha cargado contra las facilidades para la reclasificación de suelos rústicos, ya que "cualquier suelo rústico de protección ordinaria o de especial protección puede ser reclasificado con la excusa de un desarrollo urbanístico racional".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Consuelo Martínez ha lamentado el rechazo a las enmiendas propuestas por su grupo y ha destacado su importancia social, ya que el articulado final atenta contra el derecho a la vivienda y al realojo, entre otras cuestiones, y también ha cargado contra la interpretación positiva del silencio administrativo por defecto.

También ha calificado de atentado al medioambiente la decisión de conceder la prórroga a Ence en la ría de Pontevedra y ha vaticinado que la ley "durará poco, porque no responde a necesidades económicas del país".

Jaime Castiñeira (PP) ha insistido en las bondades de la ley y ha defendido un cambio de modelo de los núcleos rurales, "porque tienen derecho a desarrollarse" y también de la elaboración de los planes básicos por la Xunta, que "no resta competencias" a los municipios, sino que les ayudará.