El PP aprueba en solitario el 'tijeretazo' a los funcionarios

El pleno del Parlamento ha aprobado esta mañana la Ley de Medidas en el Empleo Público solo con los votos del PP y tras resultar rechazadas las dos enmiendas presentadas por la oposición a esta normativa, que la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha calificado de "oportuna e imprescindible".

Muñoz ha destacado el carácter temporal de esta ley, que supondrá un ahorro anual de 80 millones de euros, según los cálculos de la Xunta, con medidas como recortar el cobro de la baja por incapacidad temporal, eliminar tres días de asuntos propios, o la posible reducción de hasta un tercio de la jornada laboral.

La oposición ha manifestado su rechazo frontal a estas medidas que son un "trágala", han asegurado, y muestran "un Gobierno indolente que gobierna por decreto para conculcar derechos laborales básicos", según el BNG, y "una ideología reaccionaria, con el proyecto de reducir los servicios públicos a la beneficencia", según el PSdeG.

Por eso, han intentado que no saliera adelante esta normativa con todos los medios posibles, desde reclamar contra su tramitación por la vía de urgencia, que ha supuesto debate y aprobación en la misma sesión, hasta presentar enmiendas con alternativas como suprimir las delegaciones provinciales o gastos de publicidad.

Todas estas iniciativas fueron rechazadas por el PP, que defendió la oportunidad y necesidad de esta ley al igual que la conselleira, quien ha reconocido que supone "un importante esfuerzo" para empleados públicos.

Pero ha defendido que supone el proyecto "más favorable de los que se tienen adoptado en otras comunidades" con el objetivo de respetar las retribuciones de los empleados, blindar los servicios públicos y conseguir el ahorro necesario para la estabilidad presupuestaria.

Muñoz ha puesto de manifiesto el elevado gasto en el capítulo de personal que tiene la Xunta, un 40 por ciento de su presupuesto total que, para este año, supone 3.615 millones de euros.

El diputado del PSdeG José Manuel Lage ha asegurado que las medidas aprobadas hoy suponen "incumplir de cabo a rabo" el programa electoral presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones autonómicas de 2009.

"Bajo el lema de Feijo09 pidió licencia para matar y si se la llegamos a dar acaba con este país", ha afirmado Lage, tras advertir de que la nueva ley "traerá graves consecuencias" para los servicios públicos y refleja que hay un "Gobierno sin rumbo que huye hacia adelante" al no tener alternativas ante la crisis económica.

El diputado nacionalista Alfredo Suárez Canal ha apuntado que "igual lo necesario es reducir el salario a los dirigentes de la Xunta" porque considera demostrado su "fracaso clamoroso" para buscar otro tipo de soluciones ante la crisis y ha criticado la "privatización galopante de los servicios públicos".

Suárez Canal ha cuestionado que la nueva ley sea temporal y ha reprochado su tramitación urgente, algo que calificó de "aberrante y escandaloso", que implica que el PP "se carga a Montesquieu" y la necesaria separación de poderes entre el ejecutivo, la Xunta, y el legislativo, el Parlamento.

Para el PP la Xunta está "haciendo lo que tiene que hacer" tras los "cambios sustanciales" en las previsiones económicas, según el diputado Antonio Rodríguez Miranda, quien ha considerado que no va a producir deterioro en los servicios públicos porque los funcionarios "incrementarán su compromiso" pese a los ajustes que supone la ley.

Por otra parte, el PSdeG ha denunciado durante el debate que la Policía "estuvo grabando" a los funcionarios que se manifestaron esta mañana fuera del Pazo do Hórreo contra la aprobación de la ley, y que las personas, invitadas por el partido, que protestaron dentro del hemiciclo fueron identificadas a la salida.

La presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, ha aclarado que siempre que se desaloja a alguien del hemiciclo por interrumpir el pleno, como sucedió esta mañana, se le pide la identificación y no es un hecho "puntual" de la sesión de hoy.

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