El Parlamento ha aprobado hoy, con los votos de la mayoría del PP y la oposición del resto de grupos, la ley de prestación de garantías sanitarias, un texto que establece tiempos máximos de espera para ser operado o para consultar con un especialista.
Esta norma fija un máximo de 60 días de espera para una intervención y de 45 para consulta con el especialista y recoge otros derechos, como la elección de pediatra, personal de enfermería y hospital de referencia.
Sin embargo, toda la oposición ha insistido en que esta legislación se limita a equiparar por ley la sanidad pública y privada y establece diferencias entre los ciudadanos en función de su nivel económico.
Durante el debate, la diputada del BNG Montse Prado llegó a decir al PP que están actuando "como la Legión Cóndor con la sanidad gallega", lo que la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, pidió retirar del diario de sesiones.
Los representantes de los grupos del PSdeG, AGE y del BNG denunciaron que un paciente puede perder derechos si se niega a operar en un centro privado al que se le envíe por no cumplir los tiempos en la pública, o que quien tenga dinero puede adelantar el pago de la intervención en un hospital privado, mientras que no lo puede hacer quien carezca de fondos.
Sin embargo, el popular Miguel Santalices insistió en que, con esta norma, se pone al ciudadano como centro del sistema, se "planta cara" a las listas de espera y se refuerza su carácter público mientras vaticinó que a partir de enero de 2014 las demoras "pasarán a un segundo plano".
Para Santalices, se trata del proyecto de ley más importante de toda la legislatura porque "impacta muy de lleno en la ciudadanía", era muy demandado y había sido "prometido" por el PP.
La norma, subrayó, trata de "echar fuera" del debate político las esperas sanitarias y es "valiente y arriesgada", puesto que "planta cara" al viejo problema de las listas de espera.
"Posiblemente, cuando se apruebe, me atrevo a decir que, a partir de enero de 2014, las listas de espera pasen a un segundo plano: esta es la filosofía que plantea esta ley", manifestó.
Además, insistió en que la norma coloca al ciudadano en el "eje del sistema" y "tumba la barbaridad" de los tiempos de espera establecidos en una norma de la época de la ministra socialista Leire Pajín, que equiparaba en tiempos máximos de espera, dijo, una catarata y una operación del corazón.
La socialista Carmen Acuña calificó la norma de "ley trampa" que solo pretende "debilitar" el sistema sanitario público y denunció el "afán privatizador" del Partido Popular. Dijo que los socialistas la rechazan "rotundamente" porque atenta contra la "base fundamental" del sistema público y, a su juicio, lo pone al mismo nivel que el privado y el concertado.
Acuña insistió en que la norma no irá acompañada de más medios materiales o humanos para acortar los tiempos de espera, por lo que los recursos se repartirán entre la sanidad pública y la privada y calificó la ley de "peligrosa" puesto que establece diferencias entre los ciudadanos y, en su opinión, quienes tengan dinero podrán adelantar el pago de una operación en la privada y los que carezcan de él no sabrán cuándo van a ser atendidos.
Eva Solla, de Alternativa Galega de Esquerda, insistió en que hoy es un "día negro" porque se trata de un "paso más en la privatización de nuestra sanidad pública" y con esta "nefasta ley" se ha desoído a los sindicatos, a los colegios médicos y a otros profesionales que se opusieron a esta norma, que también recibió críticas del Consejo Económico y Social.
El objetivo de la ley, que calificó de "clasista", es favorecer el "negocio" de las empresas privadas de salud, aunque se ha tratado de "adornar" con aspectos supuestamente positivos.
Igualmente, señaló que es imposible recortar los tiempos cuando en los últimos años se han jubilado centenares de médicos, al tiempo que reiteró su petición de dimisión de la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, por ser "incapaz" de gestionar la sanidad pública.
Finalmente, denunció que los plazos solo podrán cumplirse si se recurre a la sanidad privada y las empresas de este sector "aplauden con las orejas".
Para la nacionalista Montse Prado la ley ofrece "cobertura legal a la privatización" de la sanidad, lo que se ha hecho "por la puerta de atrás, sin la valentía" de decirlo a la ciudadanía.
En su opinión, la privatización sanitaria está en esta norma "disfrazada de regulación de tiempos de espera", está sustentada en "una gran mentira" y constituye un "cajón desastre" de derechos que ya estaban recogidos en otras normas.
