El miércoles conoceremos la sentencia del caso 'Prestige'

La sentencia sobre el caso del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia será leída el próximo miércoles, día 13, en la sala primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, según anunció hoy el alto tribunal gallego.

El macrojuicio por los daños causados por el siniestro fue declarado visto para sentencia por el juez Juan Luis Pía el pasado 10 de julio, después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones y 204 declaraciones de testigos y peritos.

Están acusados en este proceso el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, que se enfrentan a penas de cárcel de 5 a 12 años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la 'marea negra' que produjo el hundimiento del buque.

Ninguno de los tres acusados entrará en la cárcel aunque sean condenados, ya que tanto el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, como los letrados de las diversas acusaciones particulares así lo han solicitado, además de superar todos ellos los setenta años.

Dadas sus dimensiones, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, el macrojuicio se celebró en el recinto ferial de A Coruña.

La Fiscalía entendió que la condena del capitán del buque es la única alternativa para conseguir que el armador y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, hagan frente al menos a parte de las indemnizaciones que se reclaman.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra, el Prestige se partió en dos y se hundió, provocando un vertido de más 67.000 toneladas de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

Este suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La compleja instrucción del caso prolongó enormemente el proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder celebrarse el juicio.

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