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El juez ve delito en que el Concello pague la defensa del edil Adrián Varela

El Juzgado número 1 de Santiago de Compostela ha notificado hoy un auto por el que dispone que continúe la tramitación, como procedimiento abreviado, de las diligencias en que aparecen como imputados los siete miembros de la Junta de Gobierno de este municipio por presunta prevaricación.

Los hechos investigados tienen relación con la decisión de aceptar dar asistencia jurídica a costa del Ayuntamiento a un miembro de la corporación, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokemon, informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La titular del juzgado, Ana López-Suevos, señala en el auto que la decisión se adoptó "a sabiendas" de que la imputación sobre Varela era derivada de un proceso por presunta corrupción y declarado secreto, por lo que, en el momento en que se decide asumir los gastos de defensa y representación, los indicios de los que disponen son de que se encuentra encartado por actos cometidos por abuso o exceso de funciones.

Esta circunstancia lleva, para la magistrada, un "claro conflicto" de los intereses particulares con los de la corporación local, que "son por los que deberían velar los imputados como miembros de la Junta de Gobierno local de Santiago de Compostela".

La jueza recuerda también que la asunción de gastos no se ha condicionado a la absolución del concejal o al archivo de la causa y que, además, "el acuerdo se adoptó sin aprobar partida presupuestaria concreta y sin introducir ningún límite cuantitativo".

A ello une que se permitió al concejal acusado designar libremente a su abogado, lo que supuso que no se adoptase ninguna prevención acerca del importe de los fastos que asumirían por el concepto aprobado.

El TSXG recuerda que la Fiscalía, y si fuese el caso las acusaciones particulares, tienen 10 días para formular escrito de acusación en el que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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