El juicio por el asesinato de Asunta Basterra se inicia el día 23 de junio

Los padres de la menor, Rosario Porto y Alfonso Basterra, serán interrogados como acusados los días 25 y 26 del mismo mes

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha fijado para el próximo 23 de junio el comienzo del juicio por la muerte violenta de la niña Asunta, de la que se culpa a sus propios padres.

Ese día, ha informado este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se constituirá el jurado; y en las jornadas siguientes, las del 25 y 26, se harán los interrogatorios a los acusados.

Está previsto que la testifical se extienda del 29 de junio al 6 de julio; mientras que las periciales, formulación de conclusiones y actuaciones posteriores quedan fijadas del 7 al 17 de ese mismo mes.

El magistrado presidente del Jurado señala en el auto notificado este martes que, mediante una providencia, se señalará la fecha concreta en la que han de comparecer cada uno de los testigos y peritos.

El auto establece los hechos justiciables sobre los que habrá de versar el juicio oral seguido contra los padres de la menor fallecida y concreta qué testigos, peritos y documentos propuestos por las partes se admiten de cara a la celebración de la vista oral.

La muerte violenta de la niña Asunta Basterra Porto el 21 de septiembre de 2013, cuyo cadáver se depositó en una cuneta, provocó una gran conmoción, sobre todo en la capital gallega.

Los padres de esta menor que tenía 12 años cuando falleció, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, están en el penal de Teixeiro (A Coruña) desde ese mismo mes acusados de la muerte violenta de su hija.

Las pruebas practicadas determinaron que el fallecimiento se produjo por asfixia y desvelaron también que durante meses Asunta había estado ingiriendo un ansiolítico, que presuntamente anuló su voluntad.

Para los padres de Asunta la acusación popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato, una pena que la Fiscalía rebaja a los 18 años.

Las defensas mantienen que existe un plan para implicar a los padres y solicitan la libre absolución.

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