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El juez decide continuar con el procedimiento contra Louzán

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán
El presidente de la Diputación de Pontevedra, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera se acogieron este miércoles a su derecho a no declarar en los juzgados de Cambados

El juez de Instrucción 2 de Cambados ha resuelto continuar con el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación y el PP de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera, quienes se han acogido temporalmente a su derecho a no declarar.

El fiscal ha trasladado a estos su imputación por la presunta comisión de un delito de cohecho y las defensas han hecho sus alegaciones, tras lo cual el magistrado ha dictado un auto en el que acuerda la continuación del procedimiento por la ley del jurado y practicado diversos medios de prueba, entre ellos tomarles declaración.

El caso se remonta a una denuncia anónima de 2013 que llevó al ministerio público a comprobar el precio por encima del mercado que Louzán y su esposa cobraban a Reguera por el alquiler de unos locales en el barrio vigués de Navia, desfase que según la investigación podría esconder un soborno.

El fiscal Augusto Santaló ha confirmado que los tres imputados se negaron este miércoles a declarar y por tanto no pudo preguntarles por varias cuestiones, como por qué compraron unos locales para una empresa de panadería propiedad de Reguera, que pagó por su alquiler lo mismo o más que por un crédito hipotecario. También quería interrogarlos sobre si los precios son superiores o inferiores a los de otros locales de la zona; por la atribución de comisiones informativas al diputado Reguera, y por la forma de pago, las fianzas y los términos del contrato de arrendamiento.

Santaló ha recalcado que ésta "no es solo una cuestión de alquileres" ni se ciñe al "estricto ámbito personal", como ha alegado Louzán, ya que se investiga un contrato privado pero entre dos personas con responsabilidades públicas: uno preside la corporación provincial y el otro es diputado y, como tal, cobra de la misma. Respecto a los plazos para la práctica de las diligencias, el representante del ministerio público ha dicho que "no son muy complejas" y ha calculado que en un mes podría estar todo resuelto.

El fiscal ha pedido documentación sobre las retribuciones de Reguera en la Diputación y otras cuestiones relacionadas con los contratos, mientras que la defensa de Louzán ha solicitado que declaren profesionales de varias inmobiliarias como peritos sobre los precios de alquileres en el barrio de Navia.

Louzán ha alegado a la salida de los juzgados de Cambados que no ha dado ningún tipo de "dádiva" a Reguera a pesar de que tiene la potestad de nombrarlo diputado con dedicación exclusiva, miembro de la junta de gobierno o vicepresidente con dedicación exclusiva, en cuyo caso su retribución sería muy superior. Asimismo, ha reseñado que en la misma calle de Navia hay precios de alquiler "más altos y más bajos" y que hace ocho años, cuando se remontan los hechos investigados, la coyuntura económica era diferente a la actual.

El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra mantiene la esperanza de que "se pueda archivar" la causa porque "en todo momento se hizo todo con arreglo a un acuerdo puramente mercantil", ha asegurado. "En mi caso no hay ninguna duda de lo hecho hasta aquí, de cómo se hicieron las cosas y del buen proceder. Es algo que está dentro del ámbito propiamente privado y nada tiene que ver con mi labor como presidente de la Diputación", ha añadido.

De todos modos, ha asumido que "como persona pública" está "para dar respuesta a todo lo que se me quiera preguntar", y por eso ha insistido en su mensaje de "absoluta transparencia" y de "colaboración" con la investigación judicial.

El juez decide continuar con el procedimiento contra Louzán
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