El ministerio fiscal ha rebajado en sus conclusiones definitivas las penas que pedía inicialmente en el juicio por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo tanto para el exsubdelegado del gobierno, Jesús Otero, como para el exjefe provincial de Tráfico, Julio González.
En el caso de Jesús Otero, aunque inicialmente pedía para él siete años de prisión y veintidós de inhabilitación para ejercer como cargo público, en sus conclusiones definitivas, el fiscal aprecia varias "circunstancias atenuantes", así como el hecho de que presentase ante la sala "escritos en orden a satisfacer la responsabilidad civil" de los hechos que se le "imputan".
Finalmente, el fiscal solicita para el exsubdelegado del gobierno un año y tres meses de prisión, por los delitos de falsedad y tráfico de influencias, así como cuatro años y cuatro meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública o de cualquier cargo, por los delitos de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. Asimismo, el ministerio público pide para Otero el pago de una multa de 750 euros.
Para Julio González, aunque inicialmente solicitaba cuatro años y nueve meses prisión, finalmente el fiscal solicitó en sus conclusiones definitivas una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad y nueve de inhabilitación para ejercer como funcionario de la Dirección General de Tráfico, por esa misma imputación y por un delito continuado de prevaricación.
En el caso de la funcionaria que ejercía como jefa de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, que se enfrentaba inicialmente a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, el ministerio público pide tres años de prisión y dos de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de falsedad.
En cuanto a la responsabilidad civil de los tres acusados, el fiscal determina que Jesús Otero, Julio González y María Consuelo Fernández "deberán pagar a partes iguales y solidariamente" la cantidad de 27.408 euros a la Administración del Estado.
Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal pide tres meses de prisión para el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y para exdelegado de Cultura de la Xunta de Galicia en tiempos del bipartito, Juan José Molina, así como el pago de una multa de 300 y 100 euros, respectivamente.
RETIRA LA ACUSACIÓN CONTRA EL ALCALDE DE PEDRAFITA
Para el alcalde de Muras, Issam Al Nagm, y para el exalcalde de Meira, Antonio de Dios, solicita seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público, por un delito de tráfico de influencias, así como el pago de una multa de 380 y 600 euros, respectivamente.
Por otra parte, el fiscal tomó la decisión de retirar la acusación contra el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo Magdalena, "ya que, una vez practicada la prueba, no se han confirmado los indicios sobre su presunta autoría de un tráfico de influencias".
También fue imputado por un delito de tráfico de influencias el diputado autonómico del PSdeG José Ramón Val Alonso, para quien el fiscal pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado.
El fiscal rebaja la petición para el exsubdelegado del Gobierno en Lugo de 7 años a 15 meses
