Un secreto a voces adelantado por este periódico el 17 de junio es ya oficial: la Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral contra Rafael Louzán, Severino Reguera y María Teresa C.F. (esposa del primero), acusados de delitos de cohecho relaciados con el alquiler de varios locales en el barrio vigués de Navia a cambio de favores.
El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, sostiene que el expresidente de la Deputación ya sabía que el diputado Reguera, con intereses en el sector del pan, iba a alquilarle los locales que son objeto de investigación, pues había adquirido otros dos inmuebles contiguos el mismo día que su entonces jefe. Así, Reguera anexionó sus locales a los que le arrendaron Louzán y su esposa para crear La Boutique del Pan en el barrio vigués de Navia, "hecho que acredita que el propósito inicial era crear un único local mediante una especie de sociedad encubierta entre ellos", detalla Santaló en su escrito de acusación.
El Ministerio Público investigó a continuación los precios de mercado de los locales alquilados por el diputado a su jefe, empleando para ello agentes de la Guardia Civil, por un lado, y de Hacienda, por otro. El resultado fue en ambos casos el mismo: Reguera pagaba un 60 por ciento más que la media, y ello era así a pesar de que la sociedad que administraba (Brunopan), arrojó pérdidas de más de 100.000 euros en cada uno de los ejercicios investigados (2011 y 2012). Los agentes calculan que Reguera pagó unos 90.000 euros de más al matrimonio Louzán durante ese tiempo. "El señor Louzán y su esposa adquirieron unos locales sabiendo desde el principio que iban a ser pagados por la empresa de una persona que ejerce cargo político en su mismo organismo y que depende de él (...). Es un trato de favor al expresidente que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo de importantes cantidades de dinero y, a la postre, de tres locales comerciales".
Por todo ello, el fiscal pide para Louzán una pena de un año de prisión y dos años y tres meses de suspensión de empleo y cargo público; para Reguera un año de prisión y para María Teresa C.F. nueve meses de prisión y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público.
Solicita, por último, el decomiso de los tres locales propiedad del matrimonio en Navia.
