La asociación Aspanas, integrada por personas con discapacidad intelectual, ha manifestado hoy que pedirá que se "depuren todas las responsabilidades" contra el exgerente de la empresa Aspanas Termal, Juan José R.F., imputado por un delito societario, quien ha optado por no declarar ante el juez, según ha explicado el abogado de la asociación, Juan Carlos González.
El exadministrador de la empresa se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar en su cita en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, del que es titular el juez Antonio Piña, imputado por posible administración desleal, antes de su despido en junio de 2013.
En declaraciones a los medios, el abogado de la defensa, Juan Carlos González, ha avanzado que pedirá "algún tipo de diligencia" tras la decisión del exgerente de la empresa de no declarar, y que podría incluir pruebas documentales, como las propias sentencias, así como la declaración de la antigua presidenta, un hecho que aún "tenemos que valorar".
El exdirectivo se enfrenta a posibles delitos de fraude, alzamiento de bienes y malversación, junto con otros directivos de la entidad.
El colectivo Aspanas denunció en 2013 dos operaciones, que han comprometido la situación financiera de la empresa. El exgerente autorizó sin el conocimiento de la junta que la asociación figurase como avalista de un préstamo por 165.887 euros a la sociedad Aspanas Termal, para la que también habría abierto una cuenta con 100.000 euros, en la que figuraba como único autorizado.
Para el representante legal de Aspanas la ''no declaración ante el juez" podría responder a una "estrategia procesal para no perjudicarse mientras se resuelve el recurso que presentará a la segunda sentencia de lo social contra él". "En dichas operaciones ante las entidades bancarias puso a Aspanas como avalista de todas las operaciones de Aspanas Termal, que curiosamente es la empresa que rige su esposa y que está pasando dificultades económicas", ha abundado.
A raíz de estos hechos, la asociación le cesó de sus funciones, hecho que fue recurrido por el entonces directivo. En el juicio, el exgerente "se escudó en que esto lo hizo en beneficio de Aspanas", ha señalado González, quien puntualiza que "lo que se discute no es eso" sino el hecho de que "él no era quien de hacer este tipo de operaciones" que en todo caso correspondían "a la junta directiva".
En su conflicto con la empresa-asociación sin ánimo de lucro, el exgerente reclamó una indemnización de 230.000 euros contemplada en una cláusula de su último contrato, firmada por la que era presidenta de la asociación Maruxa Román.
La defensa no descarta un posible "uso fraudulento de ese poder, motivo por el que se le revocó" del cargo. Esta persona era administrador único de todas las empresas de la marca, de las que actualmente permanecen tres, la fundación, Aspanas Termal y los viveros.
En lo que respecta a los impagos del contrato de factoring, de 144.000 euros, ha explicado que "hubo que contratar una nueva póliza de préstamo con el banco". Hace tan sólo 20 días el BBVA "llamó por impagos", deuda que se suma a la contraída con el Banco Popular.
"La junta directiva está dispuesta a llegar al final, caiga quien caiga", ha advertido González, quien ha recordado que el imputado en ningún momento "hizo constar esta operación", a pesar de que se le requirieron "dos informes económicos". "De no pagar", ha alertado que la asociación deberá afrontar "los intereses y costas que pueden incrementar el pago un 30% más".
En total, el conglomerado de Aspanas ha llegado a tener más de 400 trabajadores, en parte gracias a las subvenciones -se trata de personas discapacitadas físicas e intelectuales-, de los que actualmente quedan algo más de medio centenar, según indicó recientemente la CIG.
Actualmente, la empresa Aspanas Termal está "pendiente de juicio". Siete u ocho trabajadores de Aspanas termal están pendientes de denunciar "impagos de salarios y complementos salariales". Además, la empresa Amencer Reciclado se encuentra "en fase de liquidación".
El abogado no descarta que la empresa pueda verse abocada a la disolución. La actual junta directiva, formada por padres y madres, se enfrenta a "más de un millón de euros en deudas de todo tipo", ha sentenciado.
