El ex alcalde de Ourense Francisco Rodríguez, imputado en la operación Pokemon, y la concejala Áurea Soto, han presentado una recusación formal contra el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, por "enemistad manifiesta", tras su última imputación en la adjudicación de las obras de una céntrica calle de la ciudad.
El titular del Juzgado de Ourense ha imputado a toda la Junta de Gobierno de 2008, entre ellos estos dos cargos, además del regidor socialista, Agustín Fernández, por supuestas irregularidades en la adjudicación de unas obras en la calle Bedoya.
El grupo Democracia Ourensana, con dos concejales en la corporación municipal, auspició la denuncia por supuestas irregularidades, que se centran en la adjudicación de las obras al advertir indicios de prevaricación y cohecho, situación denunciada por los socialistas.
En un escrito remitido a los medios, el exregidor socialista y la concejala, que aseguran que todavía no han recibido comunicación oficial de su imputación, hablan de "cierta desconfianza" y "hasta enemistad" del magistrado hacia la clase política, sustentándose en declaraciones realizadas por el juez en las redes sociales.
Además, cuestionan su imparcialidad por su "amistad" con cargos próximos a Democracia Ourensana, en concreto con un miembro del partido, Armando Ojea, que "aparecía como candidato", en las anteriores listas.
"La imparcialidad objetiva y subjetiva del juez es uno de los pilares del Estado", han proclamado en el escrito.
Por todo lo expuesto, piden su recusación de la causa, al entender que queda en entredicho su imparcialidad.
El exalcalde y una concejala presentan una recusación contra el juez por ''enemistad manifiesta''
