El Constitucional rechaza el recurso que presentó Galicia contra la ley de enterramiento de gases

El Tribunal Constitucional ha rechazado este jueves el recurso de la Xunta de Galicia contra la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que prevé el enterramiento de los gases contaminantes, al no considerar que la norma invada competencias autonómicas. El recurso del ejecutivo gallego reprochaba a la norma estatal que va más allá de los límites constitucionales e invade sus competencias. El TC ya rechazó en octubre un recurso similar presentado por el Gobierno de Aragón.

El recurso gallego concretaba su queja en el hecho de que la ley recurrida hace depender del Estado la decisión sobre la autorización y, por tanto, la ubicación de los almacenamientos de dióxido de carbono (C02). "En ningún caso se sustrae a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las competencias que les corresponden en materia de urbanismo y ordenación del territorio, ni se contempla el ejercicio directo por el Estado de competencias sustantivas en estas materias", dice el TC.

"Los preceptos examinados no suponen sino una apelación al necesario ejercicio cohonestado de las competencias estatales y autonómicas que incidan sobre este ámbito, sin introducir condicionantes ilegítimos de las atribuciones autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio", dice también el TC. Las competencias autonómicas no se verán desvirtuadas por la norma recurrida, señala también el Constitucional.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos miembros del sector progresista del TC, la vicepresidenta Adela Asúa y el magistrado Juan Antonio Xiol, ambos posicionados en contra del fallo y defensores de una doctrina del Constitucional más abierta al respeto a la autonomía política de las CCAA. En este sentido, el voto particular repite sus argumentos contra la citada sentencia en la que el TC rechazó el recurso de Aragón contra esta misma ley: la norma invade competencias autonómicas, opinan Asúa y Xiol.

La ley recurrida, de diciembre de 2010, prevé el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y el enterramiento de los gases contaminantes procedentes de las centrales de generación eléctrica. El TC admitió a trámite el recurso de la Xunta en octubre de 2011.