El Concello de Santiago de Compostela tendrá que retirar las cámaras de videovigilancia de las calles de la zona vieja de la ciudad, ya que el Movimento polos Dereitos Civís (MpDC) depositó los 3.000 euros de fianza exigidos por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago.
El pago de esta cantidad se debe a la posibilidad de que el fallo definitivo sea favorable al Concello. En la actualidad, la sentencia se encuentra pendiente de recurso en el Tribunal Superior de Xustiza.
Tras el depósito, la asociación solicita "la inmediata retirada de los dispositivos de grabación", al cumplirse la decisión judicial que "aceptó" los postulados de la asociación, que tuvo que pagar un total de 3.000 euros de garantía al Gobierno local para que se ejecute esta retirada de las cámaras.
La decisión del juzgado se había hecho pública en el pasado mes de septiembre y en ella el juzgado con dureza al Concello por su pasividad a la hora de cumplir con los trámites necesarios para la inmstalación de las cámaras de videovigilancia.
Al parecer, las cámaras de videovigilancia no cuentan con los correspondientes perrmisos de renovación y funcionaron durante un tiempo sin que se solicitase la autorización necesaria. Según estos hechos, las video-cámaras vulneraban la Ley de Protección de Datos.
