El senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, y el portavoz en Xinzo de Limia, Amador Díaz, han valorado de forma "muy positiva" la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de Ourense de la denuncia interpuesta por presuntas "irregularidades en el censo electoral", porque "demuestra que el alcalde de Xinzo no juega limpio".
La Fiscalía ha abierto un proceso de investigación en relación con una denuncia presentada por el BNG sobre el supuesto empadronamiento irregular en el mes de diciembre de 122 personas, en su mayoría "vinculadas al PP", entre las que se encuentra el ex delegado de Medio Ambiente, Agustín Prado Verdeal.
Para el BNG, la admisión a trámite de dicha denuncia demuestra que esta fuerza política "tenía razón en que en Xinzo se quiere producir una manipulación del resultado electoral por parte del alcalde para seguir en la alcaldía a cualquier precio".
"El hecho de que la Fiscalía abra una proceso de investigación y admita a trámite la denuncia es positiva porque demuestra que el BNG es una fuerza política seria que cuando hace algún tipo de denuncia pública es porque tiene pruebas de que puede estar cometiendo una ilegalidad", indicó Pérez Bouza.
Este martes el senador nacionalista presta declaración en calidad de testigo a las 13 horas ante la Fiscalía por las denuncias presentadas, para ratificar las mismas y aportar nueva documentación, relativa a que "no sólo no reconocieron que manipularon el censo sino que intentaron justificarlo con un error administrativo que no se produjo".
Los nacionalistas recuerdan que en las pasadas elecciones el PP ganó por pocos votos, por lo que "el hecho de que esta gente aparezca censada al final puede acabar decidiendo la alcaldía".
Según Bouza, "en este caso parece manifiesto que el alcalde pudo cometer delito al manipular el censo electoral con un fin claro de incidir en los resultado de las elecciones municipales", y por ello abogó porque el próximo 22 de mayo los vecinos de Xinzo le den al alcalde, Antonio Pérez, "la primera condena política, retirándole su confianza".
Finalmente, lamentó que los órganos judiciales "no fueran más diligentes a la hora de impedir que estos okupas puedan votar el 22 de mayo e incidir en el resultado electoral".
"Esperemos que ni con estos 122 les llegue para conquistar el poder", concluyó Bouza, alegando que este tipo de actuaciones demuestran "la catadura política" del actual alcalde.
