El Ayuntamiento de Lugo dio este martes dos horas de margen a la concesionaria Urbaser para que inicie la recogida de los desperdicios acumulados en los 36 puntos de emergencia sanitaria en los nueve días de huelga. De lo contrario, el Ayuntamiento anuncia que recurrirá a los servicios de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Estado, para que realice esos trabajos "porque la obligación del gobierno local es garantizar la seguridad de la ciudadanía", advirtió en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno local, Luis Álvarez.
Las dos horas de plazo empezarán a contar a partir del momento en el que Urbaser reciba el requerimiento del Ayuntamiento, por lo que, según los cálculos de Luis Álvarez, el plazo podría finalizar en torno a las dos de esta tarde, aunque el plazo es aproximado.
Álvarez señaló que los servicios prestados por Tragsa "no son suficientes", así como informó que la junta de gobierno local ha aprobado de forma urgente el inicio de un expediente sancionador a Urbaser por una infracción contractual "muy grave" al incumplir los servicios mínimos, y de la cuantía ha avanzado que oscilará entre los 6.010 y los 30.050 euros.
Además, en ese requerimiento se da un plazo de cinco días a Urbaser para que cumpla los servicios mínimos, y, de no ser así, "se iniciará un expediente de caducidad de la concesión", advirtió el portavoz socialista.
En el vídeo, enfrentamiento verbal entre sindicalistas y miembros del Comité de Empresa con agentes de la Policía Local frente al consistorio lucense. Con una concentración exigieron durante cerca de una hora un encuentro con el alcalde, Xosé López Orozco, sin conseguirlo (José Vázquez/ EP)
Poco después de que la Policía negase la entrada de los secretarios comarcales de los sindicatos CIG y UGT en dependencias municipales, la portavoz del Grupo Municipal del BNG, Paz Abraira, ejerció de representante de los trabajadores y requirió la información al equipo de gobierno.
En este sentido, la nacionalista preguntó formalmente al gobierno local sobre los motivos para negar, "haciendo uso de un fuerte dispositivo policial", el acceso a los sindicalistas. Asimismo, se interesó por saber si el gobierno "considera peligrosas a dos personas, representantes de los trabajadores, que accederían al Ayuntamiento bajo una fuerte vigilancia policial".
En tercer lugar, quiso saber las motivaciones para evitar informar de "forma inmediata" a la plantilla sobre las decisiones de la junta de gobierno, "que les afectan directamente".
