Galicia dispone de alrededor de 196.000 armas legales, una cifra similar a la media del resto de comunidades -redondeando resulta en un arma por cada 14 habitantes- y que está determinada especialmente por la afición a la caza de los gallegos. De hecho, mientras que el número de armas cortas y de tiro deportivo se mantiene estable, aumenta respecto a años anteriores el registro de licencias de caza mayor y de rifles asociados a ellas, según confirma la Federación Sectorial Española de Armas y Municiones (FSA), que añade que la tendencia se da en todo el país. Así pues, el sector parece repuntar tras las caídas de ventas derivadas de la crisis económica y de las inevitables limitaciones que impone la ley española de tenencia y uso de armas, una de las más rigurosas no solo de Europa, sino del mundo. Y también pese a la polémica por la muerte de un cazador en Toques y la hospitalización de otro en Silleda en el mismo fin de semana del pasado octubre, que ha provocado la petición por parte de asociaciones ecologistas de medidas más restrictivas en relación al concurso de menores en monterías y cacerías, con casi 22.000 firmas de apoyo.
De acuerdo con la Guardia Civil, esta panoplia gallega se compone en números redondos de 6.700 armas de fuego cortas y 176.300 largas -aparte de otras armas de escasa potencia, caso de escopetas de aire comprimido-. Las primeras son en su mayoría pistolas de tiro deportivo (4.300); las demás, armas de titularidad particular y piezas de coleccionista. Es la licencia B, que solo permite un arma por acreditación. En cuanto a las armas largas, priman las escopetas (166.000) frente a los rifles (10.300) -con un máximo de seis y cinco armas por licencia, de tipo E y D, respectivamente-. El cómputo no incluye las armas de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.
Si para conseguir un arma de fogueo basta con la mayoría de edad y el DNI, para el resto los requisitos incluyen un test psicotécnico para demostrar unas aptitudes psíquicas y físicas adecuadas, así como una conducta no susceptible de "generar un riesgo propio o ajeno". Unas sesenta licencias
quedan denegadas al año y otras tantas que se revocan debido a conductas "inapropiadas". Para este severo control legal es esencial la figura del interventor de la Benemérita, encargado de "velar por el cumplimiento" de las exigencias, de la inspección a las armerías y de controlar las caducidades de las licencias y que las armas superen las revistas. Como garante del mismo, el instituto armado califica de "adecuado" el nivel de
restricción ya que "no se plantean problemas de inseguridad ciudadana" por las armas; "la línea roja a tener en cuenta", sostiene.
