El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha manifestado su confianza en que las obras realizadas en la plaza de San Antonio, en la ciudad, han sido "ajustadas a la normativa", y no descarta "exigir las responsabilidades correspondientes" tras esta nueva denuncia presentada por Democracia Ourensana.
El alcalde de Ourense ha denunciado hoy públicamente la "irregularidad procesal o administrativa" que ha llevado a que tuviese que enterarse por la prensa de que está citado a declarar el 17 de septiembre (junto con los miembros de la junta de gobierno) sobre presuntas irregularidades en el pago de una indemnización de 358.000 euros a una particular que pleiteó contra la urbanización de la Plaza de San Antonio.
El auto del magistrado que instruye la causa, Leonardo Álvarez, ha citado a declarar a todos los políticos que ratificaron los dos acuerdos, de 2007 y 2009, que posibilitaron la concesión de licencia de ocupación de las viviendas y la apertura de actividad de un aparcamiento subterráneo.
Entre ellos, se encuentra el exalcalde Francisco Rodríguez, que se enfrentará a su cuarta imputación, así como Agustín Fernández, entonces edil de Economía y Hacienda. La causa averigua un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de posible malversación.
En declaraciones a los medios, Fernández ha subrayado que todo se hizo "ajustado a la normativa".
"Cuando llegamos al Gobierno había sentencia judicial firme como consecuencia de la denuncia de una particular que obligaba a demoler" y el coste de esa demolición superaba los 40 millones de euros, ha aclarado el regidor, quien afirma que eso "podía suponer la quiebra del Concello".
Así, ha explicado que "para resolver este problema de la forma correcta y de acuerdo al PGOM vigente -el de 2003- se legalizó la situación de las edificaciones y se indemnizó a la denunciante con 350.000 euros".
Además, insistió en que un auto del TSXG "avalaba esa conducta".
"Los vecinos nos agradecieron a Paco (el entonces alcalde) y a mí que evitáramos las demoliciones de las viviendas". Fue, a su juicio, una decisión "legal e irreprochable" de la junta de gobierno local en el anterior mandato y "hoy volvería a hacer lo mismo", apostilló.
Este asunto llegó a la vía penal tras la denuncia de Democracia Ourensana (D.O.) que posteriormente llevó adelante la hija del promotor Bautista Rodríguez como querellante.
El TSXG el 21 de enero de 2009 resolvió que "puesto que sería absurdo demoler algo que inmediatamente podría ser, de forma totalmente legal, construido de nuevo" y dado que la concesión de licencias se ajustaba a la normativa aplicable en el momento (PGOM del 2003), era justo declarar la inejecución de la sentencia de demolición, a partir de lo cual los vecinos pudieron continuar en sus viviendas sin riesgo de ser desalojados".
Analizando la denuncia penal formulada por D.O., el regidor ha lamentado que "lo único que busca es el interés espúreo, una imputación y un paseíllo judicial" y lo evidencia por el hecho, continuó, de que tras formular la denuncia, "este partido político que no estaba en aquel mandato se queda al margen y lo deja en manos de un particular" que "solo quiere atacar todos los intereses estratégicos de la ciudad para presionar y conseguir intereses particulares en otras zonas de la ciudad".
Es, en su opinión, un modelo claro de "instrumentalización de la administración de justicia" que se deja arrastrar por estas denuncias que son, dijo "un auténtico abuso de derecho" que no busca defender intereses colectivos, si bien, dijo "respeto absolutamente la decisión judicial y atenderemos su demanda para que seamos investigados".
Cuando todo esto termine, el alcalde orensano ha advertido de que "exigiremos las responsabilidades correspondientes".
En este sentido, ha manifestado sobre la situación que vive el ayuntamiento que da "la impresión de que cada vez que se toma una decisión se mira bajo el prisma de que igual se está cometiendo un delito" obviando que las decisiones están avaladas por informes técnicos y que todo se ajusta a la normativa vigente en cada momento.
Fernández, quien ha asegurado que esa situación "afecta a la actividad administrativa", ha insistido en su respeto a la justicia y se ha mostrado dispuesto a aportar toda la información que precise convencido de que "todo se ha hecho de forma legal" y en beneficio del interés público.
