El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, no tendrá que abonar los trabajos de urbanización de la calle en que la que se encuentra su vivienda, y que fueron financiadas con cargo al Plan E, al haber caducado el expediente para la devolución del dinero de las obras. El Ayuntamiento de Ourense ha acordado este jueves en junta de gobierno declarar la caducidad del expediente de las aceras de la calle del regidor socialista.
Según informó en un comunicado el gobierno municipal, la decisión se adoptó, a raíz de una propuesta del jefe de servicio de licencias, quien concluye que la licencia de ocupación "es correcta" y que "no procede la devolución de un aval" de 10.633 euros por las obras al "haber caducado el expediente", al pasar los cuatro años que establece la legislación para efectuar esa reclamación.
"Todo el expediente que dice Rosendo Fernández relacionado con las aceras de la casa del alcalde ha sido trasladado inmediatamente a la Fiscalía para que tenga conocimiento sobre la agilidad de la tramitación desde que el PP planteó la denuncia hasta que fue resuelto por la junta de gobierno local en el mes de abril de 2014", ha detallado la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
Esta decisión se produce después de que el grupo municipal del Partido Popular reclamase al regidor ourensano la devolución del dinero del aval correspondiente a las obras de urbanización de su vivienda al entender que las obras no se ajustasen a la ley. El regidor Agustín Fernández, para conseguir la urbanización de su calle, había depositado un aval bancario de 10.600 euros al no tener la parcela en la que edificó la calificación de solar.
Finalizada la obra, la junta de gobierno -de la que él se abstuvo- acordó devolverle la cuantía del aval.
En un informe emitido por la intervención municipal el pasado mes de marzo, ésta requería al regidor el pago de cerca de 28.000 euros en concepto de cuotas de liquidación por la urbanización de la calle donde vive, Clara Corral Aller, aprobada en 2009 en junta local para la "mejora de aceras, calzada y servicios" con cargo al Plan E, cuando él era concejal de Hacienda, en 2009.
Posteriormente, la Junta de Gobierno Local de Ourense acordó en abril la incoación de un expediente de revisión de oficio a fin de "dilucidar" si el regidor debía pagar o no las obras, después de que le fuese devuelto el aval de garantía en 2011, que los populares creen que el gobierno socialista ha dejado caducar "deliberadamente".
En el escrito remitido a la Fiscalía, el regidor se ampara en que la revisión de oficio "no es más que un procedimiento encaminado a dilucidar si procede o no la declaración de lesividad" por lo que "incoar el expediente no presupone la conclusión del mismo".
Además, señala que la casa unifamiliar "fue siempre suelo urbano consolidado" en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1986.
