Eiriña hacía valer sus "contactos" con funcionarios y políticos para lograr contratos

El informe de la Udef incluido en el sumario de la operación Patos revela que Enrique Alonso Pais, responsable de la constructora Eiriña y principal imputado en la trama, tenía "contactos" con funcionarios municipales y cargos políticos que, presuntamente, le amañaban contratos.

Alonso Pais también sería, según este informe, un "conseguidor" para otras empresas "amigas", que se aprovechaban de sus influencias para hacerse con adjudicaciones.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que tuvo pinchadas las conversaciones telefónicas del empresario, sostiene que los arreglos se daban al menos en seis ayuntamientos (Vigo, Nigrán, Ourense, Santiago, Ponteareas y Pontevedra), además de en la Diputación de Pontevedra y con la Xunta, cuya delegada del Gobierno autonómico en Vigo, María José Bravo Bosch, estaría influenciada de "forma constatable" por Alonso Pais.

A raíz de este informe de la Udef, se prevé que en breve aumenten los imputados en la causa abierta, que por ahora se reducen a cinco, entre ellos el responsable de Eiriña, una de las empresas en las que se centra la investigación junto a Cespa.

LA MAREA DE VIGO SE PERSONARÁ. El portavoz de la Marea de Vigo anunció que el movimiento ciudadano se personará como acusación particular en el proceso judicial de la operación Patos.

Rubén Pérez anunció que recurren a esta vía ante la imposibilidad de acceder a los expedientes investigados por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo y para conocer los procedimientos de contratación en la corporación local.

Pérez avanzó también que su grupo no participará en ninguna mesa de contratación hasta que se le aclaren estos procesos, ya que de lo contrario, ha dicho, serían "copartícipes" de asuntos que están siendo investigados.

Asimismo, recordó que la primera moción que la Marea presentó al pleno de Vigo fue la creación de una comisión de investigación que fue rechazada y ha denunciado que a su formación se le deniega sistemáticamente cualquier información sobre los contratos públicos.

También ha hecho hincapié en que uno de los contratos investigados es el de la consolidación de la estructura de parte del graderío de Balaídos, que fue adjudicado a una Ute en la que participa Stradia Infraestructuras, de la que supuestamente está detrás el principal investigado en esta operación.

Ha dicho, además, que alberga "serias dudas" de otros contratos que no están en este momento siendo investigados judicialmente y ha considerado que es preciso auditar la concesión a Cespa, de mantenimiento de parques y jardines, y que en la actualidad presta ya otra empresa.

También ha demandado constituir una auditoría permanente de todas las concesiones municipales, en línea con lo solicitado con el PP y recientemente rechazado en pleno por el PSOE.