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"Dotar a Galicia de una ley de amparo a víctimas del terrorismo no ha sido una prioridad política"

Mayte Cabezas, con representantes de la ACFSE.EP
Mayte Cabezas, con representantes de la ACFSE.EP
Tenía 18 años cuando los Grapo mataron a su padre y a otro agente en Santiago. Con motivo del Pilar, patrona de la Benemérita, Mayte Cabezas urge a desbloquear la aprobación de una ley gallega que recoja los derechos de las víctimas de esta barbarie

EL 10 DE marzo de 1989 quedó marcado a fuego en el alma de Mayte Cabezas y su familia. Fue el día en que un comando de los Grapo les arrancó a su padre, el guardia civil Pedro Cabezas González, cuya vida quedó segada por los disparos de los terroristas en la antigua oficina del Banco de España en Santiago. En el asalto también cayó su compañero Constantino Limia Nogueiras, con el que custodiaba las instalaciones. Veintitrés años después, su hija Mayte —que por entonces daba sus primeros pasos como periodista y se enteró al llegar a la praza de Praterías para que su padre la informara de primera mano del atraco— reclama una ley autonómica que reconozca los derechos de las víctimas.

Hace más de una década que se viene demandando una ley gallega de atención a las víctimas del terrorismo. ¿Los grupos políticos han llegado a elaborar un texto?

Estábamos muy esperanzados ante el compromiso que el presidente Feijóo adquirió con nosotros de sacar la ley cuanto antes. Así nos lo refirió en el cariñoso acto de homenaje a Constantino Limia y a mi padre celebrado el 10 de marzo de 2019 al cumplirse 30 de su brutal asesinato. Tuvimos reuniones con los grupos parlamentarios del PPdeG y del PSdeG. Ambos hicieron suyo el compromiso de equiparar a las víctimas del terrorismo de Galicia en visibilidad, apoyo y derechos con las del resto de comunidades cuyos parlamentos impulsaron leyes de amparo. Hace años que esto ya sucede en Madrid, Andalucía, Euskadi, Cataluña, Valencia, Extremadura o La Rioja.

¿Qué efectos prácticos tendría poder contar con una legislación de este tipo en Galicia?

Son leyes contra el olvido, que restablecen la dignidad de las víctimas silenciadas y olvidadas. Establecen mecanismos de ayuda y acompañamiento desde la administración que permiten que la sociedad muestre su solidaridad. Además de, en algunos casos, gestionar ayudas económicas, fundamentalmente sirven para facilitar trámites burocráticos, canalizar información, atención psicológica y legal. Muchas ofrecen una guía de tratamiento del terrorismo en los medios de comunicación e incluso fórmulas para que, en el ámbito educativo, se incluyan programas que ayuden a comprender el dolor al que conduce el odio en la sociedad, la herida profunda de la violencia y cómo combatirla. La figura del Comisionado, u oficina de atención a las víctimas, es una realidad en más de diez comunidades. En Galicia, ponerla en marcha no ha sido una prioridad para nuestros representantes políticos. Es inasumible, ya que representan a ciudadanos igual de solidarios o empáticos que los de las otras regiones.

"La intención de Silvia Sande es, al parecer, editar un libro que espero nunca vea la luz si nos queda un ápice de honorabilidad" 

¿Sigue existiendo hoy un movimiento asociativo en Galicia para dar visibilidad al colectivo?

Aunque hubo algunas asociaciones que intentaron dar voz a las víctimas, el uso partidista del dolor, y el desoír constante de la administración autonómica minaron estos intentos. La vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas incapacita muchas que sigan, año tras año, demandando lo que deberían haber recibido por parte de una sociedad que se cree solidaria y justa. Mi madre presidió la AVT en Galicia hace más de 20 años y padeció el silencio administrativo y, lo que es peor, la utilización política del colectivo, algo que mermó su salud. Es muy duro que te den la espalda al tiempo que se escriben libros y se realizan grandilocuentes declaraciones de apoyo que no se traducen en nada.

¿Se sienten debidamente representados por las asociaciones que operan en el Estado como la Fundación Víctimas del Terrorismo o la AVT?

Ciertamente, si se hubieran destinado a las víctimas en Galicia los medios y el tiempo que la AVT o la fundación dedican a las de Madrid, no estaríamos en esta situación. Pero sería injusto decir que la responsabilidad es suya. Sin voluntad política no se consigue nada. La tarea es de quienes legislan.

Como hija de una víctima de esta sinrazón, ¿cree en la reinserción de sujetos como Silva Sande? ¿Alguien llegó a pedirles perdón?

Es imposible valorar la reinserción de quienes durante años crearon, planificaron y defendieron este tipo de organizaciones criminales. Muy pocos colaboraron con la justicia desinteresadamente o pidieron perdón, a no ser a cambio de mejoras en su situación penitenciaria. Este individuo, además, disfrutaba de manera llamativa de su cruenta actividad delictiva. ¿Asesinos y torturadores son reinsertables? Me cuesta creerlo. En todo caso, por muchos años a los que hayan sido condenados, tendremos que convivir con la idea de que pronto estarán en la calle. ¡Qué difícil! Espero que, para entonces, las víctimas contemos con apoyo firme y que exista una ley que limite que no puedan comerciar y facturar vendiendo la historia de cómo asesinaron a mi padre u otros ciudadanos y servidores públicos. Porque la intención de Silva Sande, al parecer, es editar un libro que espero nunca vea la luz si nos queda un ápice de honorabilidad y si la dignidad y la empatía nos guían como sociedad.

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