La Policía Nacional ha detenido a doce personas en distintas localidades gallegas como presuntas autoras de delitos relativos al favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental, estafa, así como contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
A estas detenciones se le suman otras veinte personas imputadas por su relación con el entramado de empresas que colaboraban con esta organización.
Las detenciones se han realizado en las últimas horas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, por agentes de la comisaría de Vigo, pertenecientes al Grupo UCRIF de la Brigada de Extranjería y Fronteras.
Los detenidos son 10 varones, cinco españoles y cinco extranjeros, y dos mujeres, ambas extranjeras, que fueron apresados en las localidades de Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra y Marín (Pontevedra).
Según el relato policial, la investigación comenzó en enero al descubrir que una asesoría legal de Santiago de Compostela estaba tratando de documentar a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, así como a residentes en el extranjero, sin que se cumpliesen los requisitos legales.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que estaban ante un grupo u organización criminal "que emitía contratos de trabajo ficticios" a nombre de ciudadanos extranjeros que residían en España de forma irregular o que, residiendo en sus países de origen, pretendían solicitar autorizaciones de residencia y trabajo en España.
Para lograr su fin, los detenidos e imputados utilizaban un entramado de empresas con las que pretendían dificultar las labores de comprobación e inspección y facilitaban contratos ficticios en los que no solían aportar la ubicación del centro de trabajo, además de utilizar para ello empresas que bien eran insolventes o que no se encontraban al corriente de sus obligaciones fiscales ni de sus pagos con la Seguridad Social.
Los investigadores también consideran que los empresarios "incurrían en un delito de estafa continuada", ya que no efectuaban los pagos de las tasas de las solicitudes, lo cual es un requisito indispensable para tramitarlas, señala la Policía en su comunicado.
Entre los casos destapados, una persona extranjera indicó que pagaba a la organización casi trescientos euros mensuales en concepto de cotización a la Seguridad Social para acreditar su situación de cotizante al desempeñar una actividad laboral y la organización "le exigió este pago incluso durante un periodo de tres meses en que no debería estar dado de alta por encontrarse de viaje en su país de origen".
Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número cinco de Vigo, que ha coordinado la operación con los agentes policiales.
