Los abogados de los acusados de la operación Trucarro, que investiga la venta a más de trescientos clientes de vehículos de ocasión con el cuentakilómetros trucado, han pedido este jueves la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas al principal responsable, Johann Grimm, y a los propietarios de los concesionarios.
"Las escuchas han de declararse nulas en base al derecho al secreto de las comunicaciones y para no causar indefensión a mi defendido y a los demás acusados", ha declarado el abogado de Grimm, Evaristo Nogueira, en la celebración de la primera jornada del juicio en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.
De este modo, el letrado también ha apuntado que, de declararse nulas las escuchas, tendría que realizarse "un análisis pormenorizado" para determinar "las consecuencias jurídicas" para el caso de la ausencia de esta prueba, ya que "provocaría un efecto dominó" que afectaría a todas las acusaciones.
Nogueira también ha denunciado que a su cliente se le ofreció la posibilidad de llamar a un abogado cuando se produjo el registro de su taller y, a pesar de haber solicitado la asistencia de un letrado de su confianza, le fue asignado uno de oficio.
El largo proceso de instrucción, que arrancó en 2008, ha llevado a que uno de los perjudicados haya fallecido antes de la celebración del juicio
Por su parte, el abogado de uno de los empleados de Grimm, Manuel Ferreiro, se ha sumado a esta reivindicación y ha precisado que "las escuchas provienen de una causa anterior y no constan las autorizaciones judiciales necesarias". "Mi cliente no tenía conocimiento de que los concesionarios pudieran ocultar a los compradores la alteración del kilometraje; alterarlo no es ilícito, sólo lo es cuando se hace para estafar a alguien", ha concluido Ferreiro.
La instrucción del caso, que recoge hechos que tuvieron lugar entre 2006 y 2008, ha durado cerca de diez años debido a la gran cantidad de tasaciones y comprobaciones que ha sido necesario realizar, ante lo que la Fiscalía ha apuntado que a la petición de pena de todos los acusados se le aplicará una atenuante por dilación indebida.
Este dilatado proceso ha llevado a que 174 perjudicados hayan llegado a un acuerdo de conformidad con sus estafadores, de modo que este jueves estaban llamados a comparecer dieciséis de los acusados -Grimm, sus cuatro empleados y los responsables de siete puntos de venta de vehículos-, de los cuales dos no se han presentado.
Los acusados se enfrentan a penas de entre un año y nueve meses y dos años y seis meses de prisión por delitos de estafa continuada y estafa agravada, dependiendo de la cantidad de las transacciones llevadas a cabo.
Johann Grimm, experto en electrónica, regentaba la empresa Truck&Car Tecnology Sistems, desde la que trabajaba para más de un centenar de concesionarios y talleres de Galicia, de los que finalmente aparecieron implicados en la trama solo una veintena.
La Fiscalía ha pedido para Grimm y sus cuatro subalternos, coautores y cooperadores necesarios de todos estos delitos, la suma de todas las condenas individuales de prisión contra los propietarios de los concesionarios, así como el abono de parte de las indemnizaciones requeridas.