La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, abrió diligencias separadas por "revelación del deber de guardar secreto" en relación a "filtraciones" sobre investigaciones a cargos del PP, al respecto de lo que se habría inhibido al órgano competente, que serían los juzgados de Santiago.
La propia Vigilancia Aduanera, según consta en los nuevos folios entregados este viernes a las partes de la caso Pokemon realizó un informe sobre "filtraciones que se han conocido" de la investigación en las que, entre otros nombres, aparecen los de la diputada y exportavoz del PP gallego, Paula Prado, su hermano, Luciano, y el exjefe de gabinete de Gerardo Conde Roa (exalcalde del PP), Angel Espadas, junto con directivos de Aquagest.
Además, en el sumario figura un informe específico sobre la denuncia a Gerardo Conde Roa por impago de impuestos, en el que Vigilancia Aduanera señala que "el marido" de la que era coordinadora de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Santiago, Mar Hinojosa —que está imputada en otra causa, por la denuncia de un policía—, sabía que estaban investigando a Conde Roa por supuesto fraude fiscal, como así se lo comunicó al entonces concejal de Tráfico, Albino Vázquez.
Vigilancia Aduanera sugiere que "puede tratarse que alguien filtrara información desde el juzgado" sobre la próxima imputación de Gerardo Conde Roa. De esta forma, establece que la cadena de información pasó por Luciano Prado y el marido de Mar Hinojosa, que después informó a Albino Vázquez.
Cuando salta a la prensa la noticia sobre Conde Roa, Henry Laíño —director de Aquagest en Galicia-- y José Luis Míguez —responsable de esa empresa en Santiago— hablan de la concesión en Santiago y de que se les pueden truncar sus planes.
