Pilar de Lara, la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, ha autorizado a Vigilancia Aduanera a indagar en los datos fiscales y de la Seguridad Social de al menos 60 empresas o sociedades, en un nuevo paso del caso Pokemon. La indagación se refiere a la rama coruñesa de esta trama sobre tráfico de influencias en la adjudicación de servicios públicos alrededor del grupo Vendex.
Este miércoles fueron divulgados tres autos de la mencionada trama coruñesa. Uno de ellos contiene esa autorización respecto a sociedades como las federaciones gallegas de socorrismo y atletismo o el equipo de baloncesto Básquet Coruña. También se incluye a empresas como la UTE Langosteira (la constructora del puerto exterior), Excavaciones Riazor, Corsan, Aldesa... y hasta multinacionales como Unilever, Eulen y Schweppes. La pretensión es indagar si tienen relación con esta trama.
En el auto se solicita información sobre varias personas a nivel particular, entre ellas algunas que son citadas en las grabaciones telefónicas realizadas a los ahora imputados o que aparecen en los volcados informáticos llevados a cabo.
El informe de Vigilancia Aduanera recogido en el auto apunta, por ejemplo, que Julio Flores, entonces primer teniente de alcalde de A Coruña, intercedió por personas determinadas. En este sentido, De Lara recoge que este concejal "no actuaría aisladamente sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde", Carlos Negreira.
Además de solicitar esta ampliación de información, la jueza emitió otros dos autos para prorrogar por un mes el secreto de sumario sobre diversas partes del caso, tanto en su trama coruñesa como en la santiaguesa. Este secreto se extiende, aunque de modo parcial, a la declaración de Gerardo Conde Roa, también acusado de participar en esta trama de cohecho y tráfico de influencias en su etapa de alcalde de Santiago de Compostela.
