Convocada huelga en el transporte de viajeros por carretera en Galicia el día 31

Habrá concentraciones en las estaciones de autobuses de las siete ciudades gallegas
Una manifestación por el convenio del transporte de viajeros. CIG
photo_camera Una manifestación por el convenio del transporte de viajeros. CIG

Las asambleas de trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera realizadas en las cuatro provincias gallegas han aprobado "por unanimidad" ir a la huelga el próximo 31 de marzo en demanda del "desbloqueo de la negociación colectiva" y de mejoras salariales y laborales.

Así lo han anunciado los sindicatos CC OO, CIG y UGT a través de un comunicado. Los cuatro convenios provinciales, explican, están "paralizados". A pesar de que la mesa de A Coruña, Ourense y Pontevedra mantienen las reuniones, añaden, "no se producen avances", mientras la de Lugo "ni quisiera se reúne".

El día de la huelga, además de piquetes informativos, se llevarán a cabo concentraciones en las estaciones de autobuses de las siete ciudades gallegas, a las 11.00 horas, excepto en Pontevedra, donde la movilización será a las 18.00.

Estas protestas son la continuación de las manifestaciones realizadas por el personal del sector en A Coruña y en Santiago de Compostela. Las tres centrales sindicales advierten de que si no se producen avances en las negociaciones, tras la Semana Santa las movilizaciones se "intensificarán".

Los trabajadores denuncian que la paralización de los convenios y la falta de actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, así como los reiterados incumplimientos de los convenios colectivos por parte de la patronal han llevado al sector a una situación "altamente precarizada".

Seguridad "en riesgo"

Además de las "nefastas" condiciones del personal, los empleados critican el "lamentable" estado de la flota de autobuses, vehículos "muy viejos" con averías "constantes" que ponen "en riesgo la seguridad en el transporte", según señalan.

Los sindicatos culpan a la Xunta, tanto a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade como a la de Educación, por "permanecer ciegas y sordas" ante los problemas del sector y "no responder a las múltiples denuncias realizadas".

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