El Consejo de Ministros acordó este martes solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de varios apartados de la nueva Lei de Saúde de Galicia, aprobada recientemente en el Parlamento autonómico. El Ejecutivo plantea su impugnación al considerar que introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que, según la Carta Magna, están reservadas a una ley orgánica.
La solicitud se realizará con carácter urgente a la comisión permanente del órgano, que tendrá hasta el próximo martes para emitir un dictamen. El plazo para un recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo.
Según defiende el Gobierno, la Lei de Saúde realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.
En este punto, la norma gallega "regula pormenorizadamente" los mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal, "incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la ley orgánica estatal", indica.
Aquí, pone de ejemplo el artículo 5, que permite someter "a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización". También el artículo 7 vulneraría la reserva de la ley orgánica. Y a ello se suman las previsiones de los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado.
En paralelo, el Ejecutivo cree que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del estado de alarma, las autonomías ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria "como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria de sus competencias". Y se remita a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad.
Por último, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, también se entiende que además de afectar a la reserva de ley orgánica y al ámbito competencial del Estado, no sigue la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial, que determina su carácter voluntario.
GALICIA EN COMÚN. Precisamente, Galicia En Común anunció por la mañana que presentará una iniciativa en el Congreso para "ahondar" en esta posible "inconstitucionalidad" de la Lei de Saúde alegando que "limita libertades al abordar la salud como un problema de orden público, para lo cual receta sanciones".
