Condenan a Carlos Silla como jefe de la mayor red transoceánica de tráfico de coca en veleros

La Audiencia de Pontevedra impone 15 años de cárcel al vilagarciano tras la descarga de 4.000 kilos de estupefaciente del Benirrás. El resto de procesados recibieron penas de entre tres y diez años de prisión. Los jueces dieron por bueno el balizamiento de una de las lanchas, la confesión de Pajuelo y las fotos submarinas del pecio del buque
Imagen del juicio red de Carlos Silla por la incautación de cocaína en un velero. GONZALO GARCÍA
photo_camera Imagen del juicio red de Carlos Silla por la incautación de cocaína en un velero. GONZALO GARCÍA

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Carlos Silla a 15 años de cárcel como responsable de la mayor red criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa a través de veleros.

El tribunal, que coincide punto por punto con los argumentos del fiscal jefe, le considera el coordinador de una organización capaz de mantener a varias embarcaciones en el mar al mismo tiempo, entre ellas el Benirrás, buque que acabó hundido frente a las Rías Baixas en la zona de A Guarda después de entregar unas cuatro toneladas de polvo blanco a tres lanchas rápidas de menor tamaño, dos de las cuales fueron interceptadas en la ría de Arousa en marzo de 2020. 

El fallo, en esencia, considera probado que Silla era el dueño del Benirrás (y de otros barcos para idénticos fines), que lo mandó preparar en el puerto de Portonovo a finales de 2020 y que lo trasladó personalmente a Huelva junto a Antolín Fernández Pajuelo, el hombre que lo lo patroneó hasta un punto en altamar en el que recibió la droga y que regresó con la misma hasta la misma entrada de la ría de Arousa, donde la entregó a las lanchas rápidas. Precisamente la confesión de Pajuelo fue un factor relevante, pero no el único, para incriminar a Silla, que cumple una pena parecida en Portugal tras ser detenido literalmente encima de 5.200 kilos de cocaína en otro barco de su propiedad, el G-SIRO.

Señala también la sentencia que a finales de marzo de 2020, en plena pandemia, el velero descargó la droga, y explica que una de las lanchas estaba balizada por las fuerzas de seguridad por una investigación anterior. Esa baliza fue autorizada nuevamente tras varias peticiones del EDOA de la Guardia Civil pocos días antes del desembarco, lo que propició un amplio despliegue de Policía Nacional, Aduanas y Guardia Civil para acabar por detener a tres de los tripulantes de esas narcolanchas e incautar gran parte de la droga que iba a ser desembarcada, todo ello tras una intensa persecución entre bateas en la ría de Arousa en una secuencia que no se recordaba desde hacía tiempo en la zona. 

Carlos Silla, en el banquillo de la Audiencia Provincial. GONZALO GARCÍA
Carlos Silla, en el banquillo de la Audiencia Provincial. GONZALO GARCÍA

Hecho probado es igualmente que el Benirrás fue hundido voluntariamente cerca de A Guarda y por indicaciones de Silla, después de que los vientos impidiesen su retorno hacia el Algarve portugués, orden inicial del jefe de la organización, pues allí disponía de puertos seguros. Tras el hundimiento (el pecio fue detectado tiempo después en una histórica operación submarina que contó en primicia este periódico), Pajuelo y otro de los acusados salieron en la zodiac auxiliar con dos fardos de cocaína que se tomaron por su cuenta "por si no nos pagaban", según detalló el patrón en el marco de una confesión en la que delató a su jefe, algo nunca visto antes entre los narcotraficantes gallegos. 

La sentencia impone a Silla 15 años de cárcel por su jefatura, además de dos multas de 360 millones de euros cada una. A Jorge H. G.R., José O.T.A., Jesús M. V. y Jesús F.A.E., las penas de diez años y medio de prisión y dos multas de 300 millones cada una. Los dos primeros formarían parte de la rama sudamericana de la red criminal, mientras que los otros dos eran miembros de la organización gallega.

En cuanto a Antolín Fernández Pajuelo, el tribunal tuvo en cuenta su confesión y, pese a su reincidencia, le impuso seis años y tres meses de cárcel, además de multas. Los otros dos confesos, César R.R. y José D.R.S., también vieron rebajadas las penas, fijadas en seis años y tres meses para el primero y tres años y cuatro meses para el segundo. 

Sobre la controvertida cuestión de la baliza y su legalidad, el tribunal explica con claridad que el dispositivo de localización había quedado inactivo por orden judicial tras ser colocado en otra causa (en la que se investigaba la fabricación de lanchas para el narcotráfico) pero que no había podido ser retirado porque los investigados habían cambiado la embarcación de lugar y el nuevo era desconocido para la Guardia Civil y la Policía. El Instituto Armado, sin embargo, recibió en febrero de 2020 el aviso de que el dispositivo se había accionado (por el movimiento de la embarcación) por lo que presentó varios escritos al juzgado de Cambados solicitando su activación, algo que consiguió obtener dos días antes del desembarco. Por ello, el procedimiento se realizó, según el dictamen, de acuerdo a derecho. 

En todo caso, las defensas de todos los condenados tienen la opción de recurrir (y así lo harán) ante el Tribunal Supremo. 

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