Un matrimonio acusado de fraude contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental ha aceptado este lunes la pena de 3 años y 9 meses de prisión tras un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Además, a los acusados también se les ha impuesto el pago de una multa de 67.800,26 euros, que equivale a la cantidad defraudada a la Seguridad Social durante más de dos décadas.
El matrimonio condenado cobró de manera fraudulenta durante 24 años las prestaciones no contributivas que la Xunta había concedido al padre de la acusada en el año 1990 y que falleció en 1991.
A lo largo de todos estos años, tal y como se recoge en el escrito de la Fiscalía, ni el yerno ni la hija comunicaron a la Xunta el fallecimiento del beneficiario por lo que la Administración continuó ingresando la cuantía de las prestaciones en la cuenta bancaria que el fallecido compartía con su esposa, fallecida en 2015 e investigada hasta ese momento.
El condenado, tal y como demuestran los hechos, era quien cubría toda la documentación requerida haciéndose pasar por su suegro mientras que su mujer, hija de los fallecidos, era quien falsificaba la firma de su padre.
El condenado cubría toda la documentación requerida haciéndose pasar por su suegro mientras que su mujer falsificaba la firma de su padre
El matrimonio este lunes condenado repitió todo este proceso administrativo para cobrar indebidamente las ayudas hasta que en el año 2013 la Xunta requirió del beneficiario su consentimiento para investigar sus datos económicos y fiscales.
Ante el temor de verse descubiertos los acusados mantuvieron silencio por lo que la Xunta, frente a la ausencia de respuesta, decidió suspender provisionalmente las ayudas en el año 2014.
El matrimonio decidió entonces comunicar a la Xunta que el beneficiario se trasladaba a Madrid a vivir con un hijo y que sería este quien se encargaría de realizar las gestiones para tramitar las ayudas.
Al descubrir la Xunta que no existía tal cambio de residencia y que el solicitante había fallecido en 1991, los acusados, con la finalidad de salir impunes hicieron responsable a la madre de la acusada.
Para ello elaboraron un escrito en el que supuestamente la esposa del fallecido reconocía el cobro indebido de las ayudas y se ofrecía a restituir el importe de lo cobrado indebidamente.
El acusado escribió él mismo el escrito y en este caso, la acusada falsificó la firma de su madre, que falleció un año después, en 2015.
