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LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Si no hay condena, el erario público paga el abogado y la totalidad de los gastos

Acusados en la trama Pikachu de Santiago. PEPE FERRÍN
Acusados en la trama Pikachu de Santiago. PEPE FERRÍN

Los alcaldes y concejales tienen que adelantar el importe de las facturas y si resultan culpables no tienen derecho a reclamar el dinero ►La irrupción en las macrocausas de los letrados estrella de Madrid dispara las minutas porque, además del caché, suman viajes y dietas

LUGO. Un proceso judicial suele ser caro, sobre todo en la medida en que se acumulan meses y meses de recursos y tramitaciones, y el coste se incrementa si se llega a juicio y aún más con las apelaciones a instancias superiores, como el Tribunal Supremo. Todos esos gastos, cueste lo que cueste el abogado, corren a cargo de la administración donde estaba el alcalde (cualquier funcionario, concejal, secretario... también) en el momento de la comisión de los hechos. Eso sí, siempre que se produzca una absolución.

Es decir, la treintena de alcaldes que figuran en la página anterior pasaron sus facturas a los Ayuntamientos, que pagaron religiosamente como rige en la Ley de bases de régimen local 7/1985 y el Reglamento de organización y funcionamento de las entidades locales 2568/1986 (ROF), además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

De haber sido condenados, el dinero tendría que salir de su bolsillo. En este punto, la norma es clara, el problema está en que durante el procedimiento hay que adelantar el dinero y pasar esas facturas no suele ser posible.

Por ejemplo, el procedimiento que absolvió a todos los acusados del caso Rei acabó repercutiendo en las arcas municipales, de las que salieron cerca de 100.000 euros para las facturas de la defensa del exalcalde, los concejales implicados y la secretaria. A los honorarios del letrado se suman los del procurador, que incrementan entre un 15 y 20 por ciento el total.

Otro ejemplo. En uno de los registros de la Diputación, el juzgado número 1 retiró numerosa información, entre la que se encontraba una factura de 70.000 euros por una asistencia letrada del expresidente Francisco Cacharro, que había tenido que declarar en el Tribunal Supremo.

¿CUÁNTO CUESTA EL PROCESO?
Un caso fácil
Por asistir a una declaración, 300 euros. Un pleito con exculpación rápida, 1.000 euros.

Ir a juicio
Si se llega a la vista oral, la factura puede superar los 6.000 euros

Recursos en Madrid
Si se va al Supremo y la causa suma varios tomos no es de extrañar que la cifra rebase los 20.000 euros

Abogados foráneos
El fichaje de abogados de Madrid puede disparar las cuantías por encima de los 100.000 euros en algún caso.

Procuradores
A la cuenta del letrado hay que sumarle entre un 15 y un 20%.

*Datos estimativos

Pero... ¿interviene la administración en la contratación del abogado? Pues no. El acusado tiene la potestad de elegir al letrado que quiera y a pagarle las minutas que estime oportuno el profesional. Si gana, el Concello se lo devuelve, de lo contrario, lo paga el alcalde. Eso tiene su riesgo cuando se ficha a uno de los primeras espadas de la abogacía madrileña, como es el caso de varios imputados en las operaciones Pokemon, Pulpo y O Garañón.

En la Diputación existen abogados para atender los procesos judiciales administrativos de los Ayuntamientos, lo que les ahorra mucho dinero. Parece difícil que la administración provincial se plantee una división penal porque si se junta con cinco o seis encausados no podría defender el mismo profesional a todos.

¿Cuánto cobra uno de estos letrados estrellas? Pues es difícil saberlo. Lo que sí se puede constatar es que facturan los desplazamientos, las horas que pasan en Lugo y que suelen usar una tarjeta para hacer todos los pagos, hasta los más pequeños, con la que luego su despacho hace cuentas y repercute todo al cliente. Cada escrito suma. Cada recurso al que se responde, también. Cuando se pasan meses y meses la factura engorda hasta cifras de seis números, según calculan profesionales del derecho consultados, aunque se trata de una apreciación aproximada.

¿Va a defender mejor un abogado de Madrid que uno lucense? Uno de los mantras que se repite sobre los profesionales de Lugo es que pueden pecar de falta de dureza, porque se tienen que encontrar cada día ante los mismos jueces. Por el contrario, si llega uno de Madrid tendría cierta licencia para ser más agresivo. Letrados de Lugo aseguran, en cambio, que ellos son igual de incisivos y no tienen en cuenta tal axioma. Por otro lado, desde la judicatura se ve a los abogados estrella actuando con cierta amabilidad forzada, como haciendo la pelota en cada intervención. Vamos, que no se puede intentar hacer regla porque cada caso es diferente.

En este punto cabe recordar el encontronazo vía email entre la jueza De Lara y el letrado Conde Pumpido, donde este le advertía de diversos males e investigaciones que podrían venirle encima si seguía con sus pesquisas, como finalmente sucedió con la investigación a la jueza en el Consejo General del Poder Judicial.

El paradigma de la sentencia absolutoria de los siete concejales de Santiago

En plena operación Pokemon, siete concejales de Santiago decidieron en junta de gobierno pagar con fondos públicos la defensa legal de un compañero imputado en la redada de Pilar de Lara. Corría el mes de junio de 2014. El juzgado de lo Penal les impuso nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, los obligaba a salir del Ayuntamiento y provocaba una crisis política sin precedentes. Nueve meses después, la Audiencia Provincial revocaba la condena y los exculpaba.

Si no hay condena, el erario público paga el abogado y la totalidad...
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