El conselleiro de Industria, Francisco Conde, ha comprometido hoy a la aplicación de un decreto eléctrico estatal que se ajuste a las necesidades de Megasa.
Cuatro regidores de la ría ferrolana y tres delegados sindicales del Comité de Empresa de Megasa, la siderúrgica de Narón que amenaza con cerrar y dejar en la calle a 190 empleados, se han entrevistado esta tarde en San Caetano con el conselleiro de Industria.
Conde, según indicaron fuentes de esta Consellería en una nota a última hora de la tarde, les trasladó la "total disposición" del Gobierno gallego para lograr una solución de continuidad para Megasa mediante una modificación de la nueva normativa eléctrica que tramita el Gobierno central.
Avanzó que el nuevo reglamento atiende las alegaciones y propuestas formuladas por el Ejecutivo gallego "para defender los intereses de las empresas gallegas". "Va en la dirección de lo propuesto por la Xunta", manifestó.
En este sentido, el conselleiro aseguró que el próximo reglamento eléctrico "se ajusta a las necesidades de las empresas a efectos de asegurar la libre competencia y la igualdad de las condiciones de acceso a la tarifa".
La Xunta, explica Industria, planteó una exención "del 85%" que "se está evaluando" para empresas ligadas a la siderurgia -como Megasa- o las aleaciones de hierro.
"El Gobierno gallego -apuntan desde Industria- desarrolla, junto al Ministerio y trabajando codo con codo con los grandes consumidores de energía de Galicia, un intenso labor para mejorar el posicionamiento de estas compañías", concluye la nota.
Tanto la plantilla de Megasa como los alcaldes de la zona, de todos los signos políticos, le habían pedido al conselleiro que presionara en Madrid para lograr una modificación del decreto eléctrico en vigor desde diciembre del 2012 que bonifica a los competidores directos de Megasa, y ha puesto en entredicho la viabilidad de la empresa.
La reunión comenzó pasadas las 17:00 horas y se prolongó hasta las 19:00 en las dependencias de San Caetano, indicaron fuentes sindicales.
Asistieron tres operarios de Megasa: Vicente Rivas, Manuel Cendán y Carlos Bascoy, de UGT y presidente del Comité, así como los regidores de Ferrol, Narón, Ares y San Sadurniño: José Manuel Rey (PP), José Manuel Blanco, Julio Iglesias (Psoe) y Secundino Casal (BNG), respectivamente.
La entrevista es el resultado de una demanda unánime que plantearon todos los regidores de la comarca ferrolana, Eume y el Ortegal, que se reunieron en el consistorio de Narón el pasado día 6, coincidiendo con una protesta en la calle del personal, para tratar de buscar una solución de futuro para una siderúrgica que lleva décadas asentada en la ría ferrolana, en la desembocadura del río Grande Xuvia.
Megasa fabrica varillas de hierro que sostienen las vigas y que son el esqueleto de cualquier obra civil.
Emplea a 190 trabajadores directamente y genera trabajo indirecto para cerca de un millar entre comerciales, transportistas o estibadores de una mercancía que se mueve a través del puerto de Ferrol.
Los problemas surgieron a partir de la modificación de un decreto eléctrico por parte del Ministerio de Industria que acabó por beneficiar a los competidores directos de Megasa en Cataluña, la empresa Celsa, radicada en Barcelona.
En mayo, la dirección informó a los representantes sindicales que este cambio en el marco regulador del sistema eléctrico empujaba a la fábrica de Narón al cierre en otoño.
El Comité sostiene que la fábrica es rentable y competitiva pero denuncian que las bonificaciones eléctricas de las que se están beneficiando sus competidores catalanes les impiden colocar su producto en igualdad de condiciones.
En los últimos meses, los trabajadores han realizado varias protestas, concentraciones y caminatas por el futuro y la continuidad de Megasa. Demandan para la compañía metalúrgica de Narón "un trato igualitario con el resto de empresas del Estado".
El Parlamento gallego, por unanimidad, también respaldó este mes una iniciativa de AGE que instaba a la Xunta a pedir al ministerio de Industria un cambio en la normativa de interrumpibilidad eléctrica que entró en vigor en diciembre del 2012 y que ha supuesto una pérdida de competitividad para Megasa.
