El juzgado de instrucción nº6 de A Coruña ha notificado este viernes un auto en el marco de la denominada operación Zeta en el que acuerda citar en calidad de investigadas a 25 nuevas personas, entre los que se encuentran tres personas que ocupaban cargos públicos en el momento de la comisión de los presuntos hechos delictivos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal.
La magistrada intenta esclarecer la presunta comisión de un fraude masivo de dinero público en cursos de formación que no se ejecutaron a pesar de haber recibido subvenciones. Gerardo Crespo, presidente de la empresa Azetanet, es el principal encausado de la trama, en la que también se han visto implicados cargos públicos, organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.
Al comienzo de la resolución publicada este viernes, la jueza recuerda que las conclusiones de la primera parte del informe referido a una de las empresas implicadas, Caype, y elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, “no pueden ser más demoledoras y vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas hasta la fecha”.
En este sentido, sostiene que no hay registro ni documento alguno que acredite la actividad definida en sus estatutos y que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general. Indica, además ,que “los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno”.
La magistrada entiende que se confirma la nula representatividad de la Confederación y se constatan "los medios empleados para simular su implantación en todas las comunidades autónoma". En el auto, se recuerda que “la investigación policial había constatado que Azetanet no solo era en relación a Caype una consultora contratada para la ejecución de acciones formativas sino que era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma, incluido el control de sus supuestas sedes”. Por ello la jueza acuerda la citación en calidad de investigados de “quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico”. Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada de subvenciones y falsedad documental.
INVESTIGADOS. La jueza ha acordado también la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación, “teniendo en cuenta no solo los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto, sino porque, además, hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva”. Y finaliza el listado de nuevos investigados con otra persona como presunto autor de un delito de tráfico de influencias.
Según informa el diario digital Praza, los dos altos cargos de la Xunta son los exdirectores xerais de Formación e Colocación, Pastor Fuenteseca, del bipartito, y Ana María Diz, que ostentó el cargo ya con el PP en el Gobierno. Además, también figura como imputado Pachi Lucas, considerado el "conseguidor" de la trama. Asimismo, la anterior conselleira de Traballo y actual de Medio Ambiente, Beatriz Mato, está citada en calidad de testigo.
De esta forma, según los informes obrantes en la causa, “el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros” presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.
