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Los funcionarios de prisiones de Galicia sufrieron casi 150 agresiones en 5 años

Un grupo de reclusos pasea por un patio de la cárcel de Monterroso. XESÚS PONTE
Un grupo de reclusos pasea por un patio de la cárcel de Monterroso. XESÚS PONTE

A Lama y Teixeiro están en el 'top 20' estatal, pero Instituciones Penitenciarias defiende que sus datos no sobresalen ► Acaip apunta a la conflictividad de los reos y al envejecimiento de una plantilla en la que hay plazas "que no se cubrieron"

Los funcionarios de prisiones de Galicia sufrieron 142 agresiones entre los años 2011 y 2016. Las penitenciarías de A Lama, en Pontevedra, y de Teixeiro, en A Coruña, aportan el grueso de incidentes con, respectivamente, 67 y 52 ataques registrados en este periodo. De hecho, ambas figuran entre las veinte cárceles dependientes del Ministerio de Interior —que no incluyen las de Cataluña— con un mayor número de estos episodios violentos.

Los datos, remitidos al Congreso, sitúan a la prisión pontevedresa entre las diez más peligrosas para los funcionarios, con una media de once incidentes al año, algo más de medio punto por encima de la cárcel coruñesa. A notable distancia quedan los penales lucenses de Monterroso y Bonxe, con diez y nueve agresiones, y el ourensano de Pereiro de Aguiar, con cuatro. No obstante, Instituciones Penitenciarias rechaza que A Lama y Teixeiro sobresalgan por su conflictividad, puesto que muestran "unos estándares muy semejantes con los centros penitenciarios de sus características", en tanto que las otras tres cárceles de Galicia son todavía más seguras debido a que el número de internos es más bajo y, en especial, a que el nivel de peligrosidad de sus presos es "menor", aseguran.

En este sentido, el ente público detalla que, entre enero y octubre de 2017, en el centro pontevedrés "solamente ha habido dos agresiones a funcionarios con lesiones leves", mientras que en Teixeiro se produjeron seis, con idéntica categorización. En Bonxe se registraron tres incidentes —dos leves y un tercero sin daños personales— y solo una agresión en Monterroso. A tenor de estas cifras, concluye que el grado de peligrosidad de las cárceles gallegas es "mínimo", tal y como demuestra "la ausencia de incidentes significativamente graves", caso de muertes violentas, motines o secuestros, afirma.

En este punto, las estadísticas que maneja el sindicato Acaip entre 2006 y 2015 recogen apenas dos muertes de presos por agresión, ambas en 2006. De nuevo, uno fue en A Lama y el otro en Teixeiro —donde aquel verano perdió la vida un funcionario por una parada cardíaca durante un motín en el que siete de los nueve reos de régimen cerrado comenzaron a autolesionarse y a amenazar al personal—. En comparación, el conjunto de prisiones de Interior arroja 25 fallecidos. La cifra está lejos, asimismo, del balance gallego de óbitos por culpa de las drogas (60), los suicidios (22) o el sida (26).

Destaca también la reyerta en el penal coruñés de mayo del año pasado "entre más de 80 internos", divididos entre musulmanes y no musulmanes, que se saldó con dos heridos y una decena de presos encerrados en aislamiento, según Acaip. La visión sindical acerca de las agresiones difiere de la oficial y atribuye principalmente a las características de la población reclusa esta tensión constante. Así, la delegación de Teixeiro indica que este es uno de los centros con los "internos más conflictivos de España", con dos módulos de primer grado para residentes especialmente peligrosos y con un puñado de condenados de clasificación 91.3, los más temidos, entre los que están seis yihadistas —hay otros ocho en A Lama—. El panorama se agrava por el cambio de perfil que ha supuesto la mayor entrada de presos "de tipología psiquiátrica", más difíciles de controlar entre otras cosas por la falta de atención especializada.

Además, Acaip hace hincapié en "el envejecimiento de la plantilla" de Teixeiro y la falta de personal, con "casi 50 vacantes que no se cubren" y que «serían más» por las jubilaciones y las bajas por enfermedad, invalidez, etcétera. Y, ante este caldo de cultivo, "nunca se sabe cuándo va a saltar la chispa", advierte. La explosión, pues, puede originarse por "el motivo más tonto", y ante ello el funcionario queda en una posición comprometida. "Tienes que reducir al interno tratando de evitarle daño físico, cuando ellos incluso quieren hacer el mayor daño posible", afirman poniendo como ejemplo el caso de un preso "extremadamente peligroso" y con un "amplio historial de agresiones" que hirió a seis funcionarios en febrero tras negarse a regresar a su celda.

El relato es "muy similar" en A Lama, aseguran desde Acaip, que achaca la variación estadística a "rachas", dado que la distribución de la plantilla y de internos de riesgo es parecida, hasta con "cambios de cromos" de presos conflictivos entre ambos.

Interior apuesta por la prevención contra los ataques a trabajadores
Instituciones Penitenciarias afirma que las estadísticas de agresiones a funcionarios muestran "una clara tendencia decreciente en los últimos años", puesto que en las prisiones dependientes de Interior se ha pasado de los 427 casos en 2011 a los 360 de 2016. Sea como fuere, los datos están acompañados del diseño de nuevas medidas que complementan la normativa de seguridad interior, que ya dispone de programas de normalización de conducta para tratar de inculcar "actitudes de respecto" y "conductas alternativas" a presos conflictivos, y protocolos de atención individualizada para contemplar las demandas de los internos, entre otros. Aquí, la prevención se erige en cuestión clave.

Desde junio, el ministerio ha implementado un protocolo para la prevención de agresiones que plantea actuaciones orientadas a la detección temprana de situaciones de riesgo y a "mejorar el conocimiento e interacción con la población reclusa" con este mismo fin. El documento establece que "una de las herramientas más eficaces" para evitar asaltos es, en efecto, estar al tanto "de las características de los internos, de su agresividad y predisposición a protagonizar incidentes violentos", por lo que insta a los consejos de dirección de las cárceles a «revisar» la normativa y los procedimientos de vigilancia «estimulando la observación directa y el conocimiento» de los presos para "prevenir y detectar" amenazas. Al respecto, destacan propuestas como la confección de un fichero actualizado de reos "potencialmente violentos", el aumento de la presencia de los funcionarios en actividades y dependencias comunes o la asignación de funciones en el penal por un mínimo de medio año.

El texto también recalca la "plena justificación legal y operativa" de reforzar los "medios de protección personal y coercitivos" para "minimizar" las consecuencias de las agresiones y apuesta por el desarrollo de "medidas de apoyo y reparación" para las víctimas, lo que incluye asistencia jurídica ante denuncias de agresiones "graves o muy graves". Además, está prevista la creación en los próximos meses de un Registro Específico de Agresiones común para todos los centros. En cambio, la delegación de Acaip en Teixeiro considera que estos incidentes "se rebajarían bastante" simplemente con "acabar con el buenismo" y aplicar el reglamento y actualizarlo de acuerdo con el perfil de presos. En materia legal, aboga por constituir a los funcionarios como agentes de la autoridad, lo que supondría reforzar su estatus judicial ante estos ataques.

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