Cacharro Pardo declara durante casi una hora en el juzgado

Francisco Cacharro, en el juzgado (Foto: Xesús Ponte)
photo_camera Francisco Cacharro, en el juzgado (Foto: Xesús Ponte)

El expresidente de la Diputación Provincial de Lugo y exsenador del PP Francisco Cacharro Pardo prestó declaración esta mañana durante algo menos de una hora en el juzgado que instruye la denominada operación Muralla.

Al abandonar la sede judicial, Cacharro se mostró tranquilo y dijo que contestó "a todas las preguntas" que le planteó la jueza instructora.

Cacharro Pardo declaró como imputado por un supuesto delito de prevaricación, siete años después de que trascendiese a la opinión pública la operación Muralla, que investiga la existencia de supuestas irregularidades en la contratación de proyectos y direcciones de obra en la institución provincial. "Ya se celebró el examen, contesté a todas las preguntas lo mejor que pude y espero poder aprobar", afirmó.

Antes de prestar declaración Cacharro Pardo había dicho a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas del juzgado que no tenía "motivo para estar intranquilo". En todo caso también reconoció que "examinarse nunca es plato de buen gusto".

La comparecencia de Francisco Cacharro como imputado se produjo por decisión de la Audiencia Provincial de Lugo, que estimó un recurso presentado por la Fiscalía en contra de la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta ciudad que había rechazado la imputación del expresidente de la Diputación.

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial tomó esta decisión en base a la existencia de dos informes elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y por la Delegación Provincial de la Intervención General del Estado.

Estos arrojan nuevos datos sobre el sistema de contratación que se utilizaba en la Diputación de Lugo cuando la presidía Cacharro Pardo.

La operación Muralla, que se abrió en el año 2006, supuso en su momento la detención de nueve personas, entre ellas varios funcionarios de la institución provincial, que lograron evitar su ingreso en prisión tras pagar diversas fianzas.

La investigación judicial siguió indicios de la existencia de una supuesta trama de corrupción en la Diputación para favorecer de forma sistemática con contratos públicos a una determinada empresa de ingeniería, supuestamente integrada por funcionarios del servicio de vías y obras de la institución.

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