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Bruselas expedienta a España por incumplir las normas de seguridad ferroviaria

Operarios trabajando en la curva de A Grandeira, en Angrois. AEP
Operarios trabajando en la curva de A Grandeira, en Angrois. AEP

Las víctimas presentaron dos demandas a finales de 2015 y la eurodiputada del BNG Ana Miranda interpuso una denuncia en julio de 2017 

La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria. 

Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según ha informado la institución comunitaria en un comunicado. 

También ve problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), indica el mismo comunicado sin dar más detalles de la infracción. 

La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento –primer paso en el procedimiento de infracción–, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha. 

Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación

Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). 

Fue la Comisión Europea la que le pidió a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés) que examinase la implementación en España de los elementos de la legislación ferroviaria de la Unión Europea. 

La solicitud vino después de las dos demandas (una por incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa) que la asociación de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) interpuso en la comisión de peticiones de la Eurocámara a finales de 2015 y de la posterior denuncia que presentó (en julio de 2017) la eurodiputada del BNG Ana Miranda, quien facilitó en todo momento los viajes de los afectados a Bruselas.

AUDITORÍA A LA AGENCIA, ADIF Y CETREN. En febrero del año pasado, un equipo de la Era estuvo en misión de auditoría en Madrid para recabar información. Visitaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren, según informaron en su día fuentes consultadas por Europa Press. 

Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que en julio de 2013 se saldó con 80 muertos y 144 heridos. 

Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él. 

En lo que respecta a la investigación de accidentes, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables. 

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