Beatriz Mato: ''Le hemos dado dos años completos del presupuesto social de la Xunta a la dependencia''

Beatriz Mato dice sentirse especialmente orgullosa de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social. Le ha tocado sortear los embates de la crisis pero, como asegura, si le dice que sí a algo ''es con entrega al 100%''. Aunque en Galicia los indicadores de paro son algo mejores que a nivel estatal, sigue siendo la gran
preocupación de todos.

Pregunta: ¿Cuándo podría verse algún dato positivo?
Respuesta: Sería muy imprudente hacer valoraciones positivas de la situación, sobre todo porque ninguno de los indicadores económicos que lanzan gobiernos y entidades
financieras son buenos. Galicia está esperando a los presupuestos del Estado para cerrar el informe macroeconómico del 2012. Esperando que la economía de España decrezca un 1,5%, lo más probable es que Galicia también lo haga; no como España, porque su comportamiento es mejor, pero será un dato negativo y mientras eso ocurre es imposible hablar de crear empleo neto.

P: Rajoy calcula que en España habrá 600.000 parados más. ¿Hay alguna aproximación sobre cuántos de ellos serían en Galicia?
R: Sería demasiado imprudente por mi parte decir una cifra sin conocer en qué medida afectarán a Galicia los presupuestos estatales. Más que nada, porque ha habido convulsiones espectaculares en estos tres últimos meses. La última hace apenas unos días, cuando Europa dijo que no se nos iba a perdonar ese 1,5% más de déficit. Es cierto que podemos tener una prevision de cómo cerraremos el año y, de hecho, desde la Xunta la vamos a hacer después de marzo.

P: ¿Qué vías se están usando para introducir a los jóvenes parados en el mercado laboral?
R: Los jóvenes de menos de 30 años son prioritarios en todas nuestras políticas activas. La última la hemos sacado por acuerdo hace un mes. A los jóvenes que no tienen
cualificación se les va a dar y enlazarla con un contrato de seis meses en empresas colaboradoras. También hay un acuerdo para los mayores de 45 y los parados de larga duración, otro colectivo prioritario. Los sindicatos, los empresarios y la Xunta estamos muy esperanzados con estos acuerdos, que son pioneros, y a ver qué resultado
obtienen en 2012.

P: ¿Qué tal están funcionando las oficinas de empleo públicas?
R: La tasa de inserción es baja. De cada 100 personas atendidas en Galicia, solo cuatro son introducidas en el mercado, pero en España son 2,8, cuando en los servicios
privados son 16,5. La confianza se pierde cuando un empresario pide algo y se le manda otra cosa distinta. Ha pasado durante años, porque no había una correcta clasificación del demandante de empleo. Hicimos un importante esfuerzo por clasificarlos, para que cuando un empresario demande un trabajador, acertemos y le mandemos lo que necesita.

P: ¿Es correcta esa polémica visión del parado de que no se quiere mover de su barrio para trabajar?
R: Cuando hicimos esta clasificación le hicimos la pregunta de disponibilidad geográfica y, efectivamente, no son muy dados a aceptarla. A finales de 2011, hicimos un programa con orientadores para jóvenes y para aquellos que llevaban más de un año sin contacto con las oficinas de empleo. El 40% de los mayores de 45 años rehusaron
ir. Hay de todo y las generalizaciones nunca son buenas.

P: El Consello da Xunta aprobó este viernes el decreto de servicios sociocomunitarios. ¿Qué va a cambiar con su aplicación?
R: Las administraciones estamos pasando circunstancias muy difíciles y los ayuntamientos los que más. Queremos agilizar al máximo la financiación en materia de servicios
sociales y que los concellos puedan recibir una transferencia del 50% de lo que les corresponde nada más hacer la solicitud.

P: Incluye cambios en la tramitación de las ayudas a domicilio de la dependencia. ¿En que consistirán?
R: Su tramitación se separará de la de los servicios sociales, porque estos últimos se prestan voluntariamente y lo primero es un derecho reconocido. Hay otro objetivo que
para mí es, si cabe, el más importante. La Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos tiene unas competencias definidas por ley. Hasta ahora, cada uno nos hemos
arreglado como hemos podido y no puede ser. Cada organismo debe centrarse en lo suyo. Si tiene capacidad para hacer más puede, pero la ley dice que primero los servicios
básicos deben estar garantizados. Para lo demás, tendrán que previamente informarnos, por que la que tiene la competencia para coordinar todos los servicios sociales de Galicia es la Xunta.

P: Censuró al anterior Gobierno por problemas con la transferencia de fondos de la ley de dependencia. ¿Con el nuevo pasa lo mismo?
R: La financiación, que es uno de los problemas que más me preocupa, no ha cambiado. Pero por lo menos, a diferencia del anterior, con este Gobierno hay una voluntad
de análisis real. En la reunión que tuve con la ministra, me trasladó que iba a hacer una evalución con las comunidades, que somos las que tramitamos la ley; algo a lo
que, por cierto, obliga la propia norma. Evidentemente, no está cumpliendo su objetivo. La expectativa de personas estuvo mal calculada y también la financiación. Hay personas que tienen un derecho reconocido y no se les está prestando la atención. Algo va mal.

P: ¿Y qué puede ser?
R: Se hizo una planificación muy apresurada. Se pretendió en cinco años montar un sistema de servicios sociales como el sanitario, cuando el país no tenía capacidad para absorberlo y, además, con crisis. Y lo segundo, una ley que recoge un 50% de la financiación para el Estado y un 50% para las comunidades no me puede dar una cifra fija por dependiente, porque, si no tuviera conciencia, y el problema es que esta Xunta sí la tiene, me obligaría a decir 'como tú das 300, yo doy 300 y ya se apaña'. Por ejemplo, si el demandante pide una libranza de cuidador ahí podemos hacerlo de esa forma, pero si quiere ir a una residencia, cada plaza a los gallegos le cuesta una media de 2.300 euros al mes. Llevo tiempo reclamando una financiación en función del servicio.

P: ¿Esta ley absorbe buena parte de los recursos de la consellería?
R: Tal es así, que desde el año 2007 hasta ahora su tramitación ha supuesto 1.600 millones, de los cuales 1.100 los ha puesto la Xunta. El presupuesto de este año de
la consellería es de 900 millones, de los que unos 600 son sociales. La lectura que saco es que le hemos dado dos años completos del presupuesto social de la Xunta a
la dependencia, pero la sociedad me reclama más: atención a la discapacidad, a los niños, a los excluidos... Estamos comprometidos con la dependencia, pero garantizando un equilibrio en la atención social. Hay que hacer una auténtica ingeniería financiera para poder estirar todos los recursos al máximo que, encima, son menos.

P: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento?
R: La Xunta ha multiplicado casi por cuatro el número de atendidos. Teníamos 14.000 cuando llegamos, hemos llegado a cubrir 55.000 y ahora, en activo, hay 35.000. Nos
quedan, evidentemente, pero hemos hecho un esfuerzo económico y social en plena crisis y con muchos menos recursos. La oposición denuncia la privatización de servicios sociales. La ley de servicios sociales del 2008, que es del bipartito, contempla distintas modalidades de prestación, utilizadas desde hace muchísimos años por los ayuntamientos. Es una auténtica hipocresía que una formación política intente decir a un gobierno 'haz lo que yo digo, no lo que yo hago'. Los centros siguen siendo de titularidad pública, la calidad está garantizada igual y es una manera de hacer más sostenible el sistema. Mi objetivo es garantizar los servicios que ya existen y, si puedo, que crezcan. Y en esta época puedo jurar que es complicadísimo con los recursos que hay.

P: ¿En qué fase está la nueva ley de inclusión social?
R: La vamos a enviar la semana que viene al Consello Económico e Social. En el plazo de un mes volverá, se remitirá al Parlamento en abril y antes de que acabe el periodo de sesiones estará aprobada.

P: ¿Qué resaltaría de ella?
R: Fue puesta sobre la mesa por un sindicato, así lo reconozco, y muy trabajada por parte de todos. Destacaría que ya no abandonaremos la ayuda de subsistencia a una persona en riesgo de exclusión cuando esté introducida en el mercado laboral. Si lo consigue, durante los seis primeros meses esa ayuda va a seguir existiendo e irá disminuyendo poco a poco. La finalidad es buscar su integración para que no se cronifique. Es uno de los acuerdos de los que me siento especialmente orgullosa.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno central?
R: El anterior Gobierno perdió un tiempo de oro para diseñar una norma que realmente incidiera en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que la reforma por sí misma no es la panacea, pero lo que sí sé es que en menos de 100 días se han tomado decisiones serias y absolutamente necesarias, entre ellas la reforma laboral. Más allá de la controversia, garantiza que los empresarios, que ahora mismo son los que están creando empleo, tengan más oportunidades para no despedir. También fomenta otra herramienta que genera empleo, el emprendimiento; y la intermediación públicoprivada. Todos tenemos que remar para salir de la crisis. Defendiendo los servicios públicos, toca colaborar con el sector privado para que nos ayude en la inserción laboral.

''Apelo a la seriedad para no dañar la imagen de España''

P: El día 29 hay una huelga general contra la reforma.
R: Una huelga a un gobierno que lleva cien días es muy respetable, porque para eso les acoge su derecho, pero creo que la vía que deberíamos seguir es la que se está siguiendo en Galicia, de búsqueda del diálogo y el consenso antes de llegar a la confrontación.

P: ¿Prevé un aumento de la conflictivad social y laboral?
R: Espero que no. No es bueno trasladar la imagen al resto de mercados de que puede llegar a pasar lo de Grecia. Apelo a la responsabilidad de todos, sobre todo de los sindicatos, que son los que tienen más capacidad de movilización, para que la imagen de España no se vea dañada. Por ahora es una imagen dañada en lo económico y
en lo laboral, si a eso le añadimos la conflictividad...

P: ¿Dada la situación, habría que adelantar las elecciones?
R: Es la pregunta del millón y la respuesta solo la tiene el presidente. Yo, personalmente, agotaría la legislatura. Galicia ha demostrado que ha caminado por la senda correcta. Evidentemente es más fácil gobernar con dinero, pero ahora Galicia es una comunidad solvente. No hay necesidad de aprovechar las ventajas políticas que tenemos y es evidente que tenemos dos partidos de la oposición enfrente divididos internamente. Pero yo creo que esa palabra que usa el presidente, la del ventajismo, no se le pasa por la cabeza. Estamos en la senda correcta y espero que Galicia lo entienda también así.

''La fusión de ayuntamientos es positiva para prestar servicios''
P: Se está debatiendo mucho sobre las dificultades que están pasando los concellos con la crisis. ¿Cómo vive esta situación?
R: Diría que esta consellería es la que más relación tiene con los ayuntamientos, porque todas las medidas sociales y de empleo tienen nexos de unión con ellos. Por eso, desde que llegué me esforcé mucho para tener esa colaboración y ese contacto, porque estoy convencida de que si alguien conoce las necesidades de sus vecinos son ellos y creo que la mejor aplicación de mis políticas es el consenso. De hecho, me esforcé también en llegar a acuerdos con la anterior Fegamp. Por ejemplo, el decreto de ayudas
a la cooperación siempre trae aparejada una polémica sobre si le damos más a los ayuntamientos de un determinado color. Eso es algo que quiero limar de una vez por todas, sentando las bases para que los parámetros de reparto se hagan por consenso con la Fegamp y ya se lo había ofrecido a la anterior.

P: ¿Puede ayudar el hecho de que varios ayuntamientos compartan servicios?
R: No es el momento de que cada ayuntamiento tenga un recurso, cuando a lo mejor uno solo puede dar servicio a varios. De hecho, hay una orden ya cerrada, donde me sorprendió gratamente que más del 20% de ayuntamientos vinieron a solicitar la ayuda unidos. Y todo esto lo vamos a extrapolar al decreto de servicios sociocomunitarios y con el resto de programas haremos exactamente igual.

P: ¿Las fusiones de ayuntamientos pueden ser positivas para la labor de la consellería?
R: Rotundamente, sí. Para empezar, el esfuerzo para unir servicios ya me lo darían hecho. He podido hablar con los dos alcaldes del momento, los de Oza dos Ríos y Cesuras, para felicitarles por haber sido pioneros y un ejemplo de responsabilidad y seriedad. Algo hay que hacer con el mapa territorial y, además, se ha demostrado que tiene éxito, porque Alemania hizo una reconversión brutal con la que redujo a más de la mitad todos sus ayuntamientos y regiones y fue para muchísimo mejor. Es mejor que se haga voluntariamente y no por obligación, porque va a llegar un momento en el que igual se decide hacerlo así.

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