El presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha exigido toda la "contundencia de la ley" contra el otrora gerente de este partido en la provincia, Emilio Pascual, en cuyo testimonio se basa la jueza Pilar de Lara para investigar una presunta facturación ficticia dentro del PPOU.
La instructora de la Operación Pokemon ha solicitado nuevos datos acerca de esta supuesta irregularidad y reclama facturas emitidas por distintas empresas a nombre de 24 cargos, entre ellos Manuel Baltar y su padre y antecesor, José Luis Baltar Pumar, así como el subdelegado del Gobierno en Ourense Roberto Castro, el diputado en el Congreso Guillermo Collarte y el portavoz municipal del PP de Ourense, Rosendo Fernández.
En Cenlle, en la firma del acuerdo marco de colaboración entre la Diputación Provincial y Turismo de Galicia para el desarrollo del plan de Turismo Termal, Manuel Baltar, que ha expresado su "máxima" colaboración con la Justicia, ha dicho que las indagaciones de la magistrada se basan en las declaraciones de Pascual, que ya no ostenta su puesto desde 2010, cuando él accedió a sus cargos actuales.
Ha recordado que ya se han planteado contra Emilio Pascual las acciones legales oportunas "con toda contundencia", las cuales el comité ejecutivo decidió apoyar por unanimidad, y si no fueron formalizadas hoy lo serán "en los próximos días".
"Todo este tema tiene su origen en esas declaraciones de las que tendrá que responder delante de los órganos jurisdiccionales quien las emitió", ha proseguido ante las preguntas de los informadores, y ha exigido la "contundencia de la ley contra esa persona -Emilio Pascual- que dijo lo que dijo" con la "repercusión pública que tuvo".
De Lara cree que el presunto método orensano consistente en facturar en falso para encubrir donaciones habría sido utilizado también por el PSOE de Santiago, recurriendo en este caso a una imprenta y a un grupo publicitario.
La jueza pretende averiguar ahora si se ha estado "burlando" igualmente en Ourense la legislación electoral y de financiación de partidos políticos y si ha existido un delito de falsedad documental, todo ello en base a las declaraciones de Emilio Pascual.
