El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado suspender la celebración de la vista relativa a las cuestiones incidentales planteadas para determinar qué bienes forman parte del pazo de Meirás, señalada para los días 13 y 14 de enero. Por el momento, no se ha fijado nueva fecha, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Inicialmente fijada para el 22 de octubre, ya se pospuso para celebrarla en noviembre, quedando ahora de nuevo pospuesta la prevista para este jueves y viernes.
Esta vez el juzgado ha aceptado la solicitud de la Administración General del Estado y de la Xunta, quienes pidieron la suspensión porque el informe pericial elaborado por la familia Franco tuvo entrada en el juzgado el pasado 4 de enero.
El juez indica en la providencia que la suspensión de la vista está "más que justificada" para "garantizar el derecho de defensa de las partes en condiciones de igualdad y no causar indefensión a las mismas", teniendo en cuenta la fecha en la que tuvieron "constancia y conocimiento" del informe pericial y el día señalado para el comienzo del acto de la vista.
El Ayuntamiento de Sada defiende la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco
OTRAS SUSPENSIONES. En la primera ocasión, se suspendió la vista, fijada inicialmente para el 22 de octubre, tras aceptar la petición de los Franco de que sus peritos no habían tenido tiempo suficiente para elaborar el informe para el que se les había autorizado acceder al pazo.
Con posterioridad, se pospuso la prevista para los días 25 y 26 de noviembre debido a que el abogado que asiste a la familia del dictador tenía un señalamiento notificado previamente.
De los bienes existentes, el Estado ha reclamado 133 y son 55 los que están en discusión con la familia Franco. Con posterioridad, la Xunta comunicó a la administración estatal que hay otros 49 bienes, unos de la época de Emilia Pardo Bazán y otros de la Jefatura del Estado, que deberían tener también la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y planteó al Estado que los reclamase judicialmente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sada defiende, en su incidente de ejecución, la titularidad pública de todos los bienes desde la época de Emilia Pardo Bazán hasta la muerte de Franco y que fueron incorporados durante la dictadura por el Estado.
