El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, se ha esforzado hoy en reclamar consenso para la elaboración de la futura Ley del Suelo, en la que hay "sitio para todos", si bien la oposición ha expresado sus recelos al texto inicial, especialmente en lo referido a lo que considera desprotección del suelo rústico.
El conselleiro ha sido el primero de los más de treinta expertos o representantes políticos y de otros colectivos en hacer su aportación al documento en una comisión parlamentaria específica, en la que Hernández ha lanzado su "oferta sincera" para el consenso de forma que se alcance un texto "ágil y eficaz" que potencie el desarrollo ordenado de los Ayuntamientos.
Ha apuntado que el texto propuesto por la Xunta trata de clarificar y simplificar la tramitación urbanística y, entre los objetivos que intenta aportar, ha destacado la seguridad jurídica, la corresponsabilidad y el aumento de la autonomía municipal, así como la simplificación administrativa o la mejora de las edificaciones y del paisaje, de forma que se ponga freno a los edificios inacabados.
Hernández, que pidió "con la mayor humildad" a BNG y PSdeG que abandonen posturas previas ideológicas e incluso fundamentalistas", indicó que el reconocimiento del suelo rústico como productivo, como recoge el borrador del proyecto, facilitará los usos económicos vinculados a las explotaciones agropecuarias y de las instalaciones turísticas.
También se refirió a que la norma establecerá la figura del planeamiento urbanístico básico para municipios con menos de cinco mil habitantes que no cuenten con ningún instrumento de planificación y aligerará la tramitación de los planes.
También subrayó que reducirá de 18 a tres meses el plazo de emisión de informes y la tramitación a la mitad y promueve, destacó, la protección paisajística y la rehabilitación, regeneración y renovación de las construcciones
Para concluir, manifestó que se trata de buscar una ley "más clara, mejor estructurada y sencilla", que reduce sus artículos de los 237 actuales a 175.
Los representantes de AGE, Antón Sánchez, y del BNG, Ana Pontón, aprovecharon el debate para solicitar la dimisión de la secretaria general de urbanismo, Encarnación Rivas, presente en la sesión, al estar imputada en relación a unas supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Sanxenxo cuando era gerente de urbanismo de esta localidad, un caso en el que también está imputada la alcaldesa, Catalina González.
A este respecto, el popular Román Rodríguez les acusó de no respetar el Estado de derecho y les emplazó a pedir perdón si el caso no sigue adelante porque, dijo, "es muy fácil calumniar, no sean tan jacobinos, tan Robespierre", les pidió.
El socialista Xosé Sánchez Bugallo expresó la voluntad del PSdeG de consenso en la elaboración "honesta y legalmente", pero si se resuelven algunos problemas del texto que, dijo, ha encontrado "motivos de severa preocupación".
Lamentó a este respecto que en el texto desaparezca la categoría de suelo rústico de protección agropecuaria y suelo rústico de protección forestal, que, junto con la de protección paisajística, constituyen más del 90 por ciento del suelo rural de Galicia.
"¿Qué quiere decir esto: que la protección del suelo" del rural deja de ser una prioridad?, se preguntó el diputado socialista, que también señaló la existencia de "problemas relevantes" en el texto que, de no ser corregidos, pueden frustrar cualquier voluntad de llegar a acuerdos.
A este respecto, subrayó que el borrador de la Xunta se ha presentado "a palo seco", sin estudios previos o memorias que indiquen los problemas existentes, y expresó también su preocupación por la prestación de servicios en el rural.
Por ello, abogó por que la ley ponga coto a situaciones como quienes quieren hacer una casa en medio del monte, "como Tarzán", pero luego reclaman servicios, accesos o fibra óptica, apuntó.
Por su parte, Antón Sánchez señaló que en el proyecto se recrea un modelo "insostenible, basado en la ley de liberalización" de suelo de José María Aznar, que dio lugar a la burbuja inmobiliaria, y recupera la idea de que "todo suelo no protegido es urbanizable y edificable".
Subrayó en este sentido que podrán reclasificar a urbanizable el suelo rústico, de acuerdo con un artículo, que elimina cautelas para ello, lo que facilitará, en su opinión, que será "suculento" para los especuladores.
Además, se refirió a que al Gobierno "ni les valen las leyes" que él mismo organiza, y citó a este respecto que la Xunta legalizó un proyecto urbanístico ilegal en Barreiros, y criticó la "política hechos consumados" de la Xunta, que no tiene "más modelo de país que la especulación".
Ana Pontón, del BNG, acusó a la Xunta de "tutelaje inaceptable del legislativo" por haber presentado un texto ya elaborado antes de que comenzase a funcionar la comisión, señaló que el borrador supone un paso más en la política "neoliberal", se limita a impulsar "el deterioro del urbanismo" e introduce cambios "regresivos".
A este respecto, la diputada señaló que Hernández propone menor protección ambiental y del medio rural y mantienen una política de beneficiar los intereses privados.
Por el PPdeG, Román Rodríguez reiteró la oferta de consenso de su partido e hizo un símil futbolístico cuando indicó que su grupo quiere ser un buen jugador: "Queremos ser Zidane e Iniesta", por contraposición a Onésimo, un futbolista del que dijo que era capaz de regatear hasta al árbitro de línea, pero no aportaba nada al equipo.
