Afectados por la hepatitis C consideran "aceptable" el ritmo de tratamiento

No obstante, el presidente de la plataforma gallega, Quique Costas, lamenta el "oscurantismo" y la "falta de transparencia" de la Consellería de Sanidade

La Plataforma Galega de Afectados pola Hepatitis C ha considerado "aceptable" el ritmo de tratamiento dispensado en Galicia, pero alerta de que solo seis de los 700 reclusos afectados lo reciben, a pesar de tenerlo prescrito por sus médicos.

El presidente de la plataforma, Quique Costas, lamentó en conferencia de prensa, no obstante, el "oscurantismo" y "falta de transparencia" de la Consellería de Sanidade, dado que ni se ha constituido la comisión de seguimiento prevista, ni les facilitan datos, ni les han respondido a sus demandas para realizar una reunión con la administración sanitaria.

Casi un mes después de la última solicitud por escrito, denunció que no han recibido "ni respuesta, ni acuse de recibo".

"Por parte de la Consellería -insistió-, se nos miente reiteradamente, siempre se nos dice una cosa y hacen la contraria. La conselleira solo dice la verdad cuando se equivoca", denunció el portavoz.

No obstante, tras expresar su sorpresa porque el departamento de la Xunta no informe ni siquiera de datos que podrían ser positivos, informó de que cuentan con una muestra muy representativa con sus propios afiliados para sostener que el 100% de los pacientes a los que se les prescriben los tratamientos están recibiéndolos antes de los diez días, salvo casos excepcionales.

Explicó que el plan estatal tenía como medida prioritaria la realización de un censo de pacientes, su situación, tratamiento y eficacia, de lo que no tienen constancia que se haya hecho, lo que consideró "alarmante", porque el propio plan decía que se trataba de una herramienta imprescindible para conocer y dimensionar el problema.

También criticó que no se haya avanzado en prevención, para que los que están en fase incipiente no progresen y para que sean diagnosticados el 50% de los afectados, que no conocen su situación; como tampoco se han realizado las actuaciones formativas previstas, ni para el conjunto de la población, ni para los profesionales sanitarios, especialmente los facultativos de atención primaria.

Recordó que el Ministerio ha informado de que entre los años 2006 y 2009 hubo una media de más de 4.000 muertes anuales, que vienen a ser los once diarios de los que la plataforma hablaba cuando realizó sus movilizaciones y por lo que les tildaron de demagogos.

Costas subrayó la situación de la población reclusa, en la que centrarán sus reivindicaciones el próximo 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, y subrayó que el 21,3% de los internos en centros penitenciarios españoles están infectados por el virus de la hepatitis, lo que supone unas 14.000 personas.

En Galicia, la población reclusa en los seis centros de la Comunidad es de 3.803 personas, por lo que consideran que, al menos, son 700 los infectados, de los que 6 están siendo tratados en Galicia y dos en otros centros.

Explicó que se trata de una "pelea entre administraciones", porque, cuando el Sergas le quiso pasar la factura a Instituciones Penitenciarias, "Interior dijo que no se hacía cargo", lo que el presidente de la plataforma consideró "indigno", pues los presos no están privados de derechos fundamentales como a la salud y la vida.

En este sentido, recordó una sentencia de mayo de 2015 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el caso de un preso por la que obligó al Sergas a tratar al paciente mientras dirimían quien tendría que pagar.

El TSXG -resaltó- dijo que prevalece el derecho a la salud y que el interés económico es secundario. Por ello, exigen del Sergas que no se "agarre" a que es una sentencia sobre un caso concreto y aplique el tratamiento al conjunto de los internos, de manera que, en caso de no ser así, iniciarán acciones judiciales.

Quique Costas señaló que en las últimas semanas habían recibido información de que Instituciones Penitenciarias había ofrecido a algunos presos que tienen prescrito el tratamiento y no lo reciben, la posibilidad de ser trasladados a las prisiones Madrid 5, en Aranjuez, y Madrid 2, en Alcalá de Henares, lo que calificó de inaceptable, pues equivale a un castigo de 12 a 24 semanas por el hecho de necesitar una medicación.

Informó de que el pasado viernes se produjo el primer traslado de un preso gallego por este motivo y denunció que su pareja es perceptora de la renta de integración social, por lo que no podrá mantener el régimen de visitas.

Finalmente, reiteró que consideran que, "al ritmo que vamos", en Galicia se cumplirá el plan, que concluye en diciembre de 2017, aunque expresó sus dudas porque no se ha llegado a un acuerdo sobre los mecanismos de financiación, aunque insistió en que, a falta de datos, "todas las percepciones son alentadoras" de que se cumplirá.

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