Xesús Domínguez, portavoz de la plataforma de afectados por preferentes de Compostela y comarca, ha denunciado la utilización partidista de la vía del arbitraje, en la que se ha favorecido a "cargos políticos y concejales del PP".
Domínguez resaltó en declaraciones a Efe que se da esta circunstancia incluso con personas que reconocen ser inversores y que han destinado más de 100.000 euros a estos productos, mientras que no se llama para este proceso "incluso a personas con minusvalías psíquicas y físicas y con rentas mínimas".
El portavoz mantuvo hoy una reunión con directivos de la sucursal de Novagalicia Banco en Santiago de Compostela, en la que se le informó de que la decisión última no está en manos de la entidad, sino de la auditora externa PriceWaterhouseCooper's, "designada por el Ministerio".
Explicó que es esta compañía la que decide sobre el proceso, mientras que "el Gobierno y Bruselas se lavan las manos".
Sobre el proceso del arbitraje, Domínguez consideró que está "prácticamente agotado", ya que se estima que podría incluir, en este momento, entorno al 18 por ciento de los afectados, con lo que, en cualquier caso, más del 80 por ciento "quedará sin resolver", pues "el banco y el Gobierno decidieron que son inversores".
Por ello, la alternativa que ahora estudia el colectivo es acudir "en masa" a la vía judicial, con base en vicio de consentimiento, engaño e información falsa sobre la situación de la entidad.
Agregó que esta alternativa, de demandar la anulación de los contratos por vía judicial, deriva de que ni el Gobierno central ni la Xunta se querellarán contra los directivos de las entidades por "cometer esta estafa".
Preguntado por la presión, en otras zonas de Galicia, sobre cargos locales del PP, señaló que tiene la intención de que presionen, a su vez, sobre sus diputados, porque fueron ellos quienes aprobaron las quitas con todos los votos del grupo parlamentario en el congreso, incluidos los elegidos en Galicia.
