Admitida una demanda contra Orange por "prácticas abusivas"

Es la tercera de estas características que presenta la Fiscalía de A Coruña
Una mujer habla por un teléfono móvil
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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha admitido a trámite la demanda colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra Orange "por prácticas abusivas en la facturación a clientes que se dan de baja en dicha operadora", según informa el Ministerio Público.

La vista de medidas cautelares se celebrará el próximo 10 de julio, mientras que el juicio del procedimiento principal tendrá lugar el 26 de septiembre.

Según consta en la demanda, la empresa de telefonía "emite reiteradamente facturas contra los consumidores y usuarios en las que les reclama la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado a pesar de que el servicio prestado a los clientes haya finalizado antes de que se complete ese periodo".

A juicio de la Fiscalía, esto supone que la empresa requiere a los consumidores para que abonen un servicio que no ha prestado, "en lugar de reducir proporcionalmente la cuota para ajustarla al periodo realmente consumido hasta la fecha en que se extingue el contrato".

DOBLE PAGO. "Como consecuencia, los consumidores pagan doblemente, puesto que la nueva compañía contratada emite una factura parcialmente coincidente en el tiempo con el periodo cobrado de forma indebida por Orange", añade sobre una conducta de la que asegura haber tenido conocimiento tras reuniones con asociaciones de consumidores.

Junto con la demanda principal, la Fiscalía solicita al Juzgado de lo Mercantil la adopción de medidas cautelares con el objetivo de que la operadora cese en dichas prácticas mientras dure el procedimiento judicial.

OTRAS DEMANDAS. Ésta es la tercera demanda colectiva que presenta la Fiscalía de A Coruña en los últimos años, todas ellas admitidas a trámite por los correspondientes juzgados, que adoptaron las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

En diciembre de 2014 se formuló una contra Vodafone por las limitaciones técnicas que imponía a los teléfonos móviles facilitados a sus clientes, que impedían utilizarlos con otras compañías operadoras.

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