Las autoridades de la Xunta podrían haber prevaricado por "omisión" de sus obligaciones de hacer respetar la legislación ante el vaciado de agua en los últimos meses de dos embalses de la cuenca hidrográfica del Miño-Sil, según la asociación ecologista Adega, que ha llevado el asunto ante las autoridades judiciales.
En un comunicado, Adega señala que los embalses de Cenza y Portas, en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, "no superaron el 15 % de su capacidad" después de que la energética Iberdrola, que tiene una concesión de aprovechamiento hidroeléctrico, "decidió turbinar los caudales en plena época de estiaje para producir electricidad en un momento en que su precio alcanzaba máximos anuales".
Precisa, en ese sentido, que ha denunciado ante la Fiscalía de medio ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la actitud de la concesionaria y la de la Xunta, solicitando una investigación por el "brusco descenso del caudal" y sus consecuencias medioambientales.
Adega indica que hay evidencias de que Iberdrola "no respetó los plazos establecidos" en la reglamentación autonómica y por ello "el ecosistema fluvial y la fauna piscícola pudieron verse afectados".
Añade que ese reglamento autonómico sobre de pesca fluvial obliga a las empresas concesionarias de embalses a comunicar las operaciones de reducción del caudal por debajo del 20% de la capacidad.
En ese sentido, considera que los responsables de la Xunta podrían haber incurrido en "prevaricación por omisión" porque, "a pesar de que la Consellería de Medio Ambiente tuvo conocimiento del vaciado" el 10 de junio del embalse de Cenza y el 12 de julio del de Portas, los técnicos de Medio Ambiente "no visitaron esos embalses afectados" hasta el 20 de agosto, es decir "70 y 38 días, respectivamente", más tarde.
Para Adega, eso "evidencia una grave dejación de funciones por parte de la Xunta al renunciar a su capacidad inspectora, con una más que posible resultado de daños a los recursos piscícolas, a las especies protegidas y a los recursos naturales de la zona de especial conservación Macizo Central".
Además, apunta que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, un órgano de gestión de embalses de esa cuenca dependiente del Gobierno central, "tenían competencias para evitar el vaciado de los embalses y conocían las intenciones de las eléctricas".
Sin embargo, los representante de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil alegan que "no pudieron evitar la bajada de los caudales embalsados por no afectar a las normas de explotación de los aprovechamientos" y subraya que en los expedientes informativos abiertos "no detectaron incumplimientos" de las condiciones de concesión.
En ese sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica procedió el pasado 16 de septiembre a modificar de manera "exprés" la Ley de Aguas para introducir mecanismos que eviten esos vaciados, apunta la asociación ecologista.
Adega critica la actitud de "desidia" de la Xunta susceptible de "quebrar" la "credibilidad y la confianza en las instituciones", además de denunciar su "prevaricación omisiva", por lo que pide a la Fiscalía del TSXG "abrir diligencias de investigación para determinar las responsabilidades tanto das empresas concesionarias" como de las administraciones públicas.
