La asociación ecologista Adega denunció que la ola de incendios que azotó a Galicia este verano tuvo especial incidencia nos espacios naturales. En concreto, un 30% del terreno quemado, informan, se corresponde con espacios protegidos -pertenecientes a la Red Natura-, como pueden ser el Macizo Central, el Xurés y los Cañones del Sil.
"Los fuegos de 2010 constituyen una verdadera catástrofe ecológica", asegura Adega en un comunicado. Además, apuntan que en el verano de 2006, el más devastador de los últimos años , la mayor parte de la superficie calcinada fue en áreas periurbanas y costeras, a diferencia de los sucedido este año, en el que las zonas montañosas del interior sufrieron la mayor parte de los incendios.
Por ello, Adega critica con dureza la gestión de la Xunta, en especial "la falta de atención al medio rural de montaña y la ausencia de una política forestal coherente". También denuncian la forma en la que se acometieron las labores de extinción del incendio de Laza, el mayor de todos los habidos este verano, que quemó más de 1.700 hectáreas según las estimaciones de Medio Rural. "Se dejó ir un fuego que en día y medio pasó de 15 hectáreas -un conato para la Xunta- a 900 hectáreas, lo que se considera un incendio de grado 2", apuntan.
Hábitat único
La asociación ecologista hace especial hincapié en el daño que sufrió el Macizo Central, "que de posible parque natural en 2006 pasó ahora a engordar la lista de los espacios naturales en la UVI". Entre los incendios de Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda y Viana do Bolo ardieron más de 2.500 hectáreas.
Con respecto a estas zonas, Adega destaca su alto valor ecológico, señalado por la UE como de protección prioritaria y clave para la conservación de especies emblemáticos como "el águila real o el lobo".
Proposición de medidas
Entre las medidas que sugieren a la Xunta para erradicar este problema se encuentra la necesidad de establecer prioridades a la hora de luchar contra el fuego, de forma que sus esfuerzos se concentren en intentar preservar, después de las zonas habitadas, los espacios protegidos o con valores naturales de interés.
Finalmente, instan al Ejecutivo gallego a estrechar el cerco social y judicial contra los pirómanos, aplicando la ley con todo rigor, y a elaborar un nuevo plan forestal.
